Seguramente si se le consultara a la ciudadanía sobre una de las cosas que mejor ha hecho este gobierno, la respuesta bien podría ser el proceso de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, si se analiza con mayor detalle, hay aspectos que deberían invitar cuando menos a la reflexión. Recientemente el Icefi publicó su tercer boletín sobre el monitoreo sobre el proceso de vacunación centrado, principalmente, en el tema de transparencia. Y lastimosamente, como en muchas otras aristas, la publicación oficial de la información ha sido muy opaca. Por ejemplo, entre el 25 marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2022, El Salvador no actualizó oportunamente la información en 260 días, es decir en un 35.2% de los días que transcurrieron en ese periodo de tiempo, muy por encima, por ejemplo, de los 183 días que no se actualizó las estadísticas oficiales en Honduras o los 10 días en Guatemala.

Muy en coherencia con lo que había sucedido el 11 de marzo de 2021, cuando el Ministerio de Salud declaró el Plan Nacional de Despliegue de Vacunación contra SARS-COV-2 como información reservada por tres años. Ese mismo día también declaró como información reservada, por cinco años, los procesos de adquisición de vacunas. Si se compara la información a la que se puede acceder de manera oficiosa o por medio de solicitudes de acceso a la información pública en los tres países al norte de Centroamérica, El Salvador es donde hay más restricciones para garantizar el derecho a la información de toda la población.

El Salvador cerró el 2021 con la adquisición acumulada de quince millones, seiscientas cuatro mil quinientas ochenta dosis (15,604,580) de vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, en todo lo que va en el año no se ha encontrado evidencia de que nuevos lotes de vacunas hayan llegado al país, ¿y las vacunas que están ya en el país cuándo se vencen? La ciudadanía no lo sabe.

En cuanto al ritmo de vacunación, en el primer trimestre de 2022, la tendencia ha continuado a la baja, llegando a presentar un ritmo de vacunación diario que solo se observó al inicio del proceso, cuando el número de vacunas disponibles era muy limitado. Al revisar las dosis colocadas, analizando el comportamiento mensual se puede ver que el mes de agosto de 2021 fue en el que se logró colocar más vacunas: 1.95 millones de dosis. Luego, ese promedio ha ido bajando considerablemente, hasta alcanzar, en febrero de 2022, la cifra de 229,269 dosis, el resultado más bajo desde abril de 2021. Asimismo, en marzo de 2022 la vacunación se mantuvo en niveles bajos no vistos en los últimos doce meses.

Al analizar los datos de El Salvador con respecto al resto de países centroamericanos, sobre el porcentaje de población vacunada con dos dosis, resulta que ahora El Salvador ocupa el cuarto puesto, con mayor cobertura, alcanzando al cierre del primer trimestre de 2022 un 70%, por debajo del 84% de Costa Rica, el 82% de Nicaragua y el 79% de Panamá. En contraste, al 31 de diciembre de 2021, El Salvador era el segundo país de Centroamérica con mejores registros de vacunación. Al comparar el cierre del primer trimestre de 2022 respecto al 31 de diciembre de 2021, El Salvador es el país con el menor incremento de cobertura de toda la región centroamericana.

Además, según el Icefi, suponiendo que la intención gubernamental sea que el 80% de la población mayor de cinco años tenga al menos dos dosis, con la velocidad actual de vacunación, esto se lograría hasta en abril de 2023. Asimismo, todavía sería necesario adquirir alrededor de 6.1 millones de dosis adicionales lo que podría representar un gasto de USD86.0 millones.

Desde el Ejecutivo lo que hay son palmaditas en la espalda, como si todo estuviera hecho y la pandemia hubiera terminado. Pero no es así: veamos lo que está pasando en otras latitudes. Tomar decisiones oportunas y corregir la estrategia de vacunación puede permitir al Estado garantizar el derecho a la transparencia y a la salud. Al final, aunque cueste entenderlo esto no se trata de popularidad sino del bienestar de la población.