Ahora, al cumplirse cuatro años de gobierno, la ciudadanía tiene el derecho de evaluar la gestión actual del gobierno. Las evaluaciones de las administraciones gubernamentales son fundamentales para fortalecer los procesos democráticos, ya que permiten a la ciudadanía determinar si se han cumplido las promesas realizadas por los gobernantes en turno.
Ante la falta del plan de gobierno, se podría hacer una extensa lista de todas las promesas hechas durante la campaña electoral. Por ejemplo, en el ámbito de la política fiscal, se hicieron las siguientes promesas:
Ejecutar una reforma tributaria integral para dotar de progresividad y equidad al sistema tributario y reducir o eliminar beneficios no productivos. Aplicar un IVA diferenciado, mayor para bienes de lujo y menor o exento para canasta básica (alimentos), medicinas y preparados oficinales (toda la cadena económica hasta la persona consumidora). Implementar la renta mundial y aplicar un impuesto a los flujos de efectivo (para el enriquecimiento presunto o aumento patrimonial no justificado) de empresas. Aplicación del impuesto predial y gravamen de tierras agrícolas ociosas. Incorporación de tasa global de renta. Publicar en línea el Boletín de rendición de cuentas (trimestral), con enlaces a documentos, imágenes, vídeos, datos e indicadores, conforme con el destino de los fondos ejecutados. Reunión con los principales actores de la sociedad civil, sectores económicos y políticos con el propósito de formular los objetivos de país para los próximos 5, 10 y 25 años. Garantizar que el pacto fiscal sea una política de Estado.
Ninguna de estas propuestas ha sido implementada. Para una administración que tiene el control total del aparato estatal, no hay excusas válidas. Es evidente que lo prometido en este ámbito se ha quedado solo en demagogia.
Los resultados luego de cuatro años en el ámbito fiscal son que, a pesar del aumento en los ingresos, estos siguen siendo inequitativos, pues las personas con menos ingresos terminan siendo más afectadas. Lejos de reducirse los privilegios fiscales se han aumentado. En el ámbito del gasto público sigue sin contarse con un presupuesto vinculado a resultados. La falta de fuentes de financiamiento, así como de la falta de claridad de las prioridades provoca que incluso se recorten áreas claves como la educación, las obras públicas o programas sociales que protegen a las personas más vulnerabilizadas. Pero por otro lado se privilegia los aumentos relacionados con la publicidad o la propaganda.
Las acciones propias de regímenes autoritarios han aumentado el perfil de riesgo y dificultado enormemente la obtención de financiamiento externo. Esto, a su vez, ha incrementado la dependencia de la deuda interna y ha reducido las reservas de liquidez y las reservas internacionales netas.
Todos estos resultados en el ámbito financiero van acompañados con otros resultados económicos y sociales. La economía salvadoreña es la menos crece en la región centroamericana. En 2022 hubo un saldo negativo en la inversión extranjera directa, es decir salió más dinero de salvadoreños para invertir en otros países que el dinero que ingresó de extranjeros para invertir en El Salvador. La pobreza y la pobreza extrema han aumentado. Y sobre todo la inseguridad alimentaria: casi la mitad de la población salvadoreña no ha comido lo suficiente o incluso no ha comido.
El gobierno se enorgullece de ser el gobierno más popular a nivel mundial después de cuatro años, pero eso no resuelve los problemas de la sociedad. La sociedad no necesita propaganda, sino soluciones basadas en políticas públicas, esas que se han convertido en un bies escaso en el país.