Las detenciones ocurrieron mientras la comunidad de Santa Marta preparaba la semana de conmemoraciones por la firma de los Acuerdos de Paz, incluida una romería para visitar Mesa Grande en Honduras. Mesa Grande es el asentamiento solidario que albergó a centenares de familias que escaparon de la cruenta represión de los años del conflicto armado, dejando una dolorosa secuela de masacres y represión indiscriminada. Estos hechos fueron debidamente denunciados y registrados en el informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas y sobre los que hasta la fecha el Estado salvadoreño no ejerce justicia, por el contrario, decidió revictimizar a esa comunidad.
Entre la media noche y la madrugada de este 11 de enero, unidades combinadas de policía y Fiscalía aprovecharon la oscuridad para asaltar y arrebatar a los líderes, creyendo evadir con la oscuridad de la noche la respuesta comunitaria; sin embargo, los valientes pobladores, hombres y mujeres acostumbrados a defender sus derechos, inmediatamente reaccionaron y se movilizaron en la oscuridad agrupándose para encarar pacíficamente a las autoridades y defender a sus capturados, manteniéndose desde entonces en pie de lucha por la libertad de sus líderes comunitarios injustamente detenidos.
Son oscuros los móviles que persigue el régimen y su maquinaria judicial con estas detenciones arbitrarias. Los pobladores de Santa Marta y ADES se han destacado por su lucha de resistencia y su eficaz contribución por la educación y la salud en toda esa región; promueven la participación de jóvenes y mujeres aportando conocimiento y conciencia, organización y dignidad para el rescate del medio ambiente, la defensa del agua, elevar la productividad y sobre todo luchar contra la minería metálica, aportando así con su tenaz esfuerzo a frenar la explotación minera, hasta hoy. Esto les granjeó el otorgamiento del merecido y prestigioso premio internacional: “Letelier Moffitt de Derechos Humanos”.
Sin embargo, es sospechoso que tras el fracaso del bitcoin y el minado de criptoactivos, hoy el régimen muestra un inusitado interés por otra aventura, la minería metálica. Esto es evidente en el reforzamiento de la Dirección de hidrocarburos y minas, y la reciente incorporación del país como miembro número 77 del “Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo”; decisión que deja al descubierto las razones del desinterés gubernamental por enfrentar y combatir la minería transfronteriza que contamina nuestros recursos hídricos.
Estas detenciones forman parte de una estrategia represiva de contención a la creciente efervescencia social y a la retorcida alucinación de Bukele por cambiar la historia sobre la naturaleza, origen y desenlace del conflicto económico político, militar y social de la guerra civil que padeció el país y que se canalizó a través de un complejo proceso de diálogo y negociación auspiciado por la comunidad internacional para la suscripción de los Acuerdos de Paz. Este hecho forma parte de la espiral histórica nacional y Bukele pretende cambiarlo, imponiendo amañados procesos judiciales en los que se impide el acceso a la información mediante “reservas” para ocultar la ausencia de evidencias probatorias que individualicen la supuesta participación de los acusados en hechos ocurridos hace más de treinta años.
Es evidente que asistimos a una nueva escalada de represión selectiva que va en ascenso, encubierta en el despliegue de la guerra contra las pandillas, detenciones arbitrarias contra inocentes en el contexto del régimen de excepción; escarmientos a líderes, gremios, organizaciones populares, ONG, periodistas independientes que exhiben las vulneraciones, la corrupción y exigen el respeto a los DDHH. También se advierte como amenazan con el uso de la fuerza al sector informal de vendedores de la vía pública, que conminados abusivamente para abandonar sus espacios de sobrevivencia para esconder la pobreza y encaramar los escenarios de “Miss Universo”, en silencio se alejan con la esperanza de lograr un mejor lugar para vender.