Bukele siendo candidato presidencial, durante un evento con estudiantes en noviembre de 2018, en la Plaza Central Universitaria, asumió: “incrementaremos el presupuesto de la Universidad gradualmente hasta superar el porcentaje del PIB de la inversión que hacen los demás países de la región”; “vamos a convertir la Universidad de El Salvador en la mejor universidad de Centroamérica”; remachando: “Nosotros cumplimos lo que prometemos y hasta más”. Cinco años después, aquellas promesas nunca se cumplieron. No se incrementó el presupuesto ni las carreras; no se modernizaron bibliotecas ni laboratorios; tampoco se abrieron nuevas facultades, ni hubo nuevas becas, y nunca se construyeron las nuevas sedes ofertadas en La Unión, Chalatenango y Ahuachapán. La UES tampoco se convirtió en la mejor universidad de Centroamérica.
Costa Rica, con una población estimada en un poco más de 5 millones de habitantes, ha demostrado a lo largo de su historia que la educación es prioridad, contando con cinco universidades públicas, a las que asisten 125,000 estudiantes. Además, cuenta con un presupuesto universitario que supera los 337 millones de dólares. Mientras El Salvador con una mayor población que supera los 6.5 millones, apenas cuenta con una universidad pública, y una matrícula de solamente 60,000 estudiantes. Solo el 15% de la población joven tiene oportunidad de asistir a la universidad, entre otros por la barrera de un raquítico presupuesto. En la Universidad, Bukele se comprometió a marchar junto a los estudiantes para el incremento sustancial del presupuesto; hoy que su partido cuenta con mayoría absoluta durante dos legislaturas continuas, nunca cumplió sus promesas, sobre todo aquella de que... “el dinero alcanza cuando nadie roba”.
El gobierno de Bukele padece una grave crisis en sus finanzas y se ha convertido en el que más ha endeudado al país en un breve plazo. Existe mucha información publicada por periódicos especializados en investigación que han puesto al descubierto los despilfarros y presuntos hechos de corrupción que han terminado drenando las finanzas públicas. Esta crisis, sin embargo, no afecta a todas las instituciones, como el Organismo de Inteligencia del Estado, que de un presupuesto de $1 millón en 2021, terminó gastando $23 Millones; y en 2022 de una asignación de $1.6 millones gastó $27.3 millones; y en 2023 de $1.5 millones asignados, terminó gastando $33.5 millones; contrastando con la promesa de Bukele de bajar a la mitad el presupuesto del OIE (1 de octubre de 2019).
Mientras, el presupuesto de la Presidencia de la República, que tenía asignados $100.5 millones, terminó gastando $181.8 millones. En tanto la Fuerza Armada, de un presupuesto aprobado por $141 millones, al final recibió $250.6 millones. Queda muy claro donde están situadas sus prioridades.
Desde la pandemia hasta hoy, casi la mitad de las carreras de la Universidad siguen operando de manera virtual. Hoy empujadas bajo el pretexto gubernamental de ocupar, vía convenio, los edificios e instalaciones universitarias como hospedaje para alojar deportistas durante los pasados Juegos Centroamericanos, después para alojar prensa y contingentes de operadores vinculados al evento Miss Universo; después de alojamiento durante el proceso electoral para vigilantes de partidos políticos, principalmente del partido de gobierno. Actualmente y sin especificar, el gobierno pretende nuevamente utilizar los edificios universitarios para alojar periodistas, youtubers, influencers y “creadores de contenido”, durante la última semana de mayo y primera de junio, que casualmente coincide con “La Coronación” de Bukele.
El “convenio” que faculta esta modalidad de ocupación, y las “demoras” en la devolución de los edificios, obligando a mantener la virtualidad, violentan la autonomía universitaria. Es una estrategia gubernamental para debilitar y mantener desmovilizadas a las organizaciones gremiales de la UES.