La violencia, junto con la inequidad social y pobre educación, son nuestros problemas fundamentales de salud pública. Pero ninguno de ellos está enfocado en los “oscuros” planes de salud, ni es tampoco un problema prioritario para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien como nuestro líder regional en salud debería de influenciar y asesorar a nuestros lideres nacionales. Es una lástima que las energías de esa otrora líder en salud de las Américas ahora se gasten en los senderos vacíos de la imagen.
En 2019, el 64.3 % de las mujeres de 15 años o más había experimentado algún hecho de violencia sexual en su vida en El Salvador: es decir 2 de cada 3 mujeres, siendo el grupo etario de 20 a 29 años el más afectado con un 72 % del total de mujeres. Estos datos forman parte de la Encuesta Nacional de Violencia Sexual contra las Mujeres 2019. La violencia sexual es un problema importante de salud pública en nuestro país, al cual las diferentes entidades de gobierno encargadas por salvaguardar la salud le prestan mínima atención. La agresión sexual reciente perpetrada en una menor de edad por individuos de las fuerzas armadas de nuestro país no hace sino poner en evidencia que la violencia sexual es altamente prevalente y es un problema serio de salud pública. Es una evidencia más que nuestro país necesita reformas profundas en materias de cultura y educación, derecho penal y salud.
La violencia sexual es un problema que impacta a nuestra sociedad como un todo – individuos, comunidades, negocios, y la sociedad en general. Y así como una enfermedad infecciosa, su eliminación requiere el trabajo conjunto entre investigadores, proveedores de tratamiento, elementos de las fuerzas de seguridad, legisladores y representantes de las víctimas y sociedad civil. Su eliminación requiere transparencia y acceso a información, como todo problema de salud pública. Su eliminación requiere que nuestros líderes, incluida la presidencia, manifiesten su rechazo y vergüenza de que nuestra población femenina tenga que soportar a diario el acoso sexual constante en nuestra sociedad. Porque precisamente ahí es donde se encuentra la raíz del problema.
La mujer salvadoreña recibe acoso hasta en los mismos centros superiores de enseñanza. El acoso sexual, según investigaciones recientes, en las universidades de nuestro país es escandalosamente prevalente. Y el problema radica que nuestra sociedad invisibiliza esta violencia hacia la mujer al normatizar la cultura del macho, además de reprimir los canales de denuncia. En un estudio realizado por Ormusa y presentado este año sobre acoso sexual en el trabajo, 7 de cada 100 mujeres acosadas presentó una denuncia por acoso sexual.
El acosador se siente seguro en la oscuridad de la impunidad, al igual que el violador. La víctima de violación sexual en El Salvador tiene rostro de mujer, de adolescente. Cada 4 horas y 42 minutos ocurre una violación sexual en nuestro país, tres de cada cinco violaciones ocurren en una mujer menor de edad. Según el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República, la mayoría de los agresores están en ámbitos de confianza. El agresor es padre, hermano, novio, amigo en la mayoría de los casos.
Las mujeres, víctimas de la violencia sexual desarrollan estrategias para sobrevivir a esta dolorosa experiencia y poder seguir adelante. Pero las cicatrices profundas reflejadas en su salud mental perduran aeternum. Sus consecuencias van más allá de la víctima, sino incluso afectan su entorno familiar y comunitario, y a la sociedad en general, incluyendo un costo económico. Un estudio español cuantificó en 1, 281 millones de euros anuales el impacto económico de la violencia de género en España. Es decir 0.11 % del PIB anual.
La violencia sexual es un cáncer que corroe a nuestra sociedad. Es urgente que como sociedad luchemos contra ella.