Cada vez que hay cambio de autoridades edilicias se da una incertidumbre entre los empleados municipales, pues temen ser despedidos. La incertidumbre se hace mayor cuando llega un alcalde que pertenece a un partido distinto. Esta vez la zozobra es mucho mayor debido a que desde el 1 de mayo habrá una disminución de municipios y entrará en vigencia e sistema distrital que hasta ahora nadie sabe si será funcional y si generará el tan ansiado desarrollo local.

Por tradición política las alcaldías siempre se han llenado de activistas, porque no ha habido una carrera del servicio civil-municipal que se respete. El alcalde que llega llena la comuna con empleados que durante la campaña ejercieron como activistas, incluso las jefaturas o puestos de confianza y de toma de decisiones son ocupadas por personas sin la debida preparación, con el único mérito de ser del partido del alcalde.

Entiendo que un nuevo alcalde debe de rodearse de personas de confianza y que si alguien ocupa uno de eso cargos debe estar consciente que, mediante un debido proceso, puede ser relevado. Sin embargo, si alguien es administrativo u operativo porque trabaja en el tren de aseo, es ordenanza o desempeña cualquier puesto que no sea jefatura de primera línea no debería ser despedido, salvo que cometa anomalías o que su labor sea inexistente o inoperante (plaza ficticia, decorativa o fantasma).

Hay alcaldías con exceso de empleados en relación a la cantidad de población y al tamaño jurisdiccional del municipio. Uno llega a solicitar una partida de nacimiento y tiene que pasar hasta por seis o más empleados que suelen tardarse “todo el tiempo del mundo” para hacer lo suyo. En algunas alcaldías hay empleados que en realidad ejercen como activistas partidarios y que ni por asomo ejercen labores municipales.

A partir del 1 de mayo los 48 nuevos alcaldes y sus concejos municipales deben actuar con mucho respeto al noble y sagrado derecho al trabajo que, por mandato constitucional, tenemos todos los salvadoreños. Las nuevas autoridades deben ser justas y no despedir a empleados efectivos para llenar esas plazas con activistas de sus partidos. Cada trabajador debe ser evaluado con honestidad y cada distrito debe ser analizado con base a su propia realidad. En todo caso si un empleado será cesado tras analizarse su caso, debe hacerse con el debido proceso y con todas las garantías de la ley que incluyen indemnizaciones y otros beneficios.

Las nuevas autoridades edilicias no deberían despedir a un conductor del tren de aseo que es responsable y tiene la suficiente experiencia y luego contratar para esa misma labor a un activista que acompañó la campaña electoral del nuevo alcalde o que viene con recomendación partidaria. Tampoco puede o debe llenar los distritos con personal que no sea oriunda del mismo. Cada plaza existente debe respetarse y despedir solo si es necesario.

Por supuesto que hay excedente en algunas municipalidades. Empleados que ejercen funciones innecesarias o que fueron contratados para pagar favores u obedeciendo el desvalor del nepotismo, sin embargo, los despidos no deben ser arbitrarios ni fuera de la ley, mucho menos deben realizarse con una visión de revanchismo o criterio político-partidario.

Hasta ahora, en muchas municipalidades del país, hay cientos de empleados a los cuales les deben salarios atrasados, bonos, aguinaldos y otras prestaciones. Esto se debe, en la mayoría de los casos, a los desórdenes administrativos, a los pocos ingresos, al desdén de las autoridades locales, a la corrupción y hasta al excedente de personal. Los nuevos concejos deben estar con plena conciencia que ya no tienen ingresos estatales (a través de FODES), de donde tomaban fondos para lo que se les antojara. Mucho de ese dinero era despilfarrado y hasta hubo alcaldes y concejales procesados por corrupción.

Algunos alcaldes actuales que no participaron en las elecciones o que perdieron en las mismas no han hecho ningún esfuerzo por resolver las deudas y heredarán las mismas a los futuros jefes edilicios que tendrán que asumir dichas situaciones. Han dejado verdaderas crisis administrativas en los próximos distritos. Estos exfuncionarios deben ser sometidos a la justicia.

Hay concejos municipales salientes que han actuado con demasiada malicia al contratar a personal de última hora, al retener pago de salarios y prestaciones, al dejar de pagar a los acreedores, al hacer aumentos salariales selectivos, al adquirir compromisos que ya no podrán honrar y al abandonar obras o actividades que todavía les compete.

Algunos nuevos alcaldes y concejales heredarán crisis en los distritos, pero los menos culpables serán los empleados operativos, por lo cual no deben llegar con la “espada desvainada” a desquitarse con ellos despidiendo y contratando activistas afines. En algunas municipalidades ya se conoce de algunas personas ​que supuestamente llegarán a jefaturas que han amenazado a los empleados con despedirlos a partir de mayo. Asimismo, se conoce de activistas que ya se dan por empleados municipales.

Los nuevos jefes edilicios y sus regidores deben actuar con justicia, humanismo y responsabilidad. Deben hacer análisis exhaustivos y solo si es necesario cesar a los empleados que ocupan plazas innecesarias. Las nuevas autoridades deben seguir los debidos procesos y garantizando la aplicación correcta de la ley, sin criterios políticos o partidarios. Bajo ningún argumento deben llenar las oficinas distritales de activistas de ningún partido o con sus parientes, aunque tienen derecho a colocar gente capaz (idóneas) y de suconfianza en los cargos de toma de decisiones. Todos los salvadoreños, por orden constitucional, tenemos derecho a tener un trabajo digno.