Una firme respuesta con persistentes protestas y movilizaciones sociales han estado presentes a lo largo del año. El primero de mayo de 2021 la bancada gobiernista destituyó a la legítima Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, imponiendo ilegalmente a funcionarios dóciles al gobierno para eliminar cualquier posibilidad de ser controlado, configurando así un régimen dictatorial que persigue medios de comunicación y periodistas independientes, ONG, sindicatos, gremiales y sectores de oposición e impone, por cuarta vez en esta administración, un injustificado Régimen de Excepción más, esta vez so pretexto del combate a la criminalidad. La marcha del primero de mayo pasado soportó la mayor ofensiva de intimidaciones y amenazas directas de represión que se viviera desde los Acuerdos de Paz, por parte de titulares del régimen que pretendían su suspensión; además, los manifestantes tuvieron que enfrentar y sortear a una treintena de retenes militarizados, estratégicamente ubicados para contener a los marchantes. Los titulares llegaron al colmo de hacer afirmaciones como la vertida por el Ministro de Trabajo quien expresó que la movilización era “para defender a las pandillas”, y agregó amenazante que las autoridades (Fiscalía y Policia) “decidirán el tipo de acciones que harán”.
Semejante amenaza conmovió la voz de justicia del Cardenal Gregorio Rosa Chávez quien asumiendo su labor pastoral afirmó “es derecho de la gente manifestarse pacíficamente y sin armas. Ese derecho no está suspendido. Espero que la gente sí salga a las calles a decir sus quejas, sus críticas y sus esperanzas”. Al final, mientras algunos gremios afines al gobierno en actitud zalamera se reunían con titulares del régimen atraídos por las viandas en los lujosos salones de un exclusivo hotel ubicado en una zona privilegiada, una decidida multitud marchó hasta la tradicional Plaza Cívica en el contexto del Régimen de Excepción, derrotando así las amenazas y el miedo, expresando con firmeza su descontento ante los graves atropellos del gobierno y su bancada, dejando suficientemente claro que las calles son del pueblo.
Mientras se multiplican las protestas populares por falta de empleo, el alto costo de la vida, la falta de una política agropecuaria que amenaza profundizar la crisis alimentaria; el régimen profundiza la crisis con la imposición de una guerra en la que han ejecutado miles de detenciones arbitrarias cuyas pruebas incriminatorias son, en muchos casos, las marcas físicas ineludibles de la condición de pobreza bajo un contexto dolosamente fabricado para que las instituciones sean incapaces de cumplir las garantías constitucionales de un debido proceso debido a la calculada recarga de miles de detenidos. El gobierno de Bukele derrocha recursos públicos priorizando la compra de armas, miles de fusiles de asalto y vehículos blindados de combate; dejando de lado las necesidades humanas de miles de policías hacinados en las condiciones más miserables y paupérrimas de acuartelamiento en puestos que no reúnen condiciones mínimas y quienes, en un buen número, son obligados a amañar diligencias, desnaturalizando así a una de las principales instituciones surgidas de los Acuerdos de Paz.
Miles de detenciones se han realizado en operaciones en las que apenas hay combates que justifiquen el multimillonario gasto armamentista en desmedro de las condiciones básicas dignas para un acuartelamiento policial. Esta es una guerra en contra de las zonas populares de mayor pobreza para justificar, sin pudor, la realización de compras militares millonarias sin que se conozcan procesos de licitación -exentos de cualquier contraloría institucional- en los que se impone la opacidad y crece la corrupción. La criminalidad no se supera eliminando y encarcelando a los pobres, ni comprando avituallamientos que quien sabe dónde terminarán; hace falta un proyecto nacional integral. Mientras tanto las calles seguirán viendo desfilar al pueblo.