Durante la campaña, y el inicio de su gobierno, Bukele se comprometió de manera apasionada, solemne y reiterada a combatir la corrupción. Con mucha dureza discursiva y aparente decisión, comprometiose a perseguirla en las filas de su propio gabinete; ofreció colocar un comisionado anticorrupción vigilante del desempeño de su administración y anunció que este provendría de las filas de la oposición, como garantía de credibilidad al compromiso de combate frontal al flagelo; se comprometió ante cámaras a perseguir y llevar él mismo ante la justicia a quien se robara un centavo de fondos públicos. Lanzó un fuerte mensaje al organizar la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador (CICIES) en cooperación con la OEA (Organización de Estados Americanos), iniciando inmediatamente sus trabajos.
De acuerdo con la sabiduría del pueblo: “del dicho al hecho hay un gran trecho”. De tal manera, Bukele rápidamente inició el asalto y desmantelamiento de las facultades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); bloqueó la función contralora de la Corte de Cuentas de la República, impidiendo a sus delegados que ingresaran en instituciones gubernamentales; impuso magistrados contralores afines a él; descuajó al Fiscal General de la República, colocando uno afín, quien engavetó los procesos abiertos, como el de las negociaciones oscuras entre funcionarios de Bukele y grupos criminales de pandillas en el que transaban prebendas a cambio de disminuir los crímenes; esto empujó a muchos fiscales ejecutivos destituidos al inmediato abandono del país. Por si fuera poco, separó ilegalmente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, imponiendo a otros sin seguir el procedimiento constitucional; despidió sin procedimiento al 60% de los jueces, bajo el solo pretexto de haber cumplido sesenta años.
Después de cuatro años de Gobierno, sobre la administración Bukele pesan graves indicios de corrupción de su gabinete. En su momento, la Comisión contra la Corrupción (CICIES) creada por Bukele, y antes de ser disuelta por él, le entregó una docena de expedientes que involucran a personeros de su gobierno en presuntos hechos de corrupción, algunos en torno al multimillonario presupuesto manejado durante la pandemia de Covid19. Estados Unidos ha dado a conocer nombres de funcionarios de este gabinete a quienes señala de corrupción, lo mínimo que podría hacer esta administración es solicitar a aquel Gobierno las pruebas que sustentan esas afirmaciones para proceder a investigar. Lejos de eso, la respuesta ha sido poner bajo reserva de hasta siete años toda información de interés público que conduzca a ejecutar procesos de investigación independientes.
La guerra contra la corrupción de Bukele, en paralelo con la ejecución de la guerra contra las pandillas y el Régimen de Excepción, son herramientas de control utilizadas a discreción del Gobierno en la campaña electoral por la reelección inconstitucional de Bukele. La primera, es la guerra para ejercer control sobre la población, coaccionando votos a cambio de proveer seguridad; la segunda es el instrumento de persecución política para desacreditar y desarticular a la oposición.
Un genuino compromiso para desmontar la corrupción presente y pasada no es cuestión de simbolismo sacrificando dos que tres piezas periféricas. Esto solo es posible con instituciones sólidas e independientes, el pleno acceso a mecanismos de información pública y patrimonial de funcionarios pasados y presentes, y la más irrestricta apertura a las organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación.