El cerco militar a los municipios de la región sur del departamento de Chalatenango: San José Cancasque, San Antonio los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador, es un descomunal despliegue de guerra en el que participa un contingente de cinco mil efectivos del ejército y más de mil policías, lo que además involucra una aparatosa y costosísima logística de acompañamiento. Esta operación inició entre la noche del 24 y madrugada del 25 de marzo, fecha en que las comunidades todavía regresaban de los actos conmemorativos al 44 aniversario del martirio de Monseñor Romero, hoy San Romero de América.

Este ostentoso despliegue de tropas en un estrecho territorio de apenas 113,6 km2, con pobre vegetación y en periodo seco; con elevaciones promedio de 381 msnm; con un estimado total de 9,000 habitantes (incluidos niños, mujeres y ancianos). Lo anterior, bajo el pretexto de capturar a dos supuestos pandilleros a quienes atribuyen el asesinato de dos pobladores de la zona.

Esta maniobra de guerra con fines de intimidación y represión contrasta con operaciones de seguridad pública de alta efectividad y economía de recursos, en las que un pequeño contingente de investigadores y agentes policiales, apoyados con trabajo previo de inteligencia y cooperación interinstitucional, han realizado capturas de estructuras criminales más complejas. Por tanto, quedan al descubierto las verdaderas motivaciones políticas y mediáticas, las que estarían más encaminadas a intimidar a la población mediante la estrategia de recurrentes cercos territoriales. Todo esto, bajo el pretexto de la guerra contra las pandillas, para mantener vigente el régimen de excepción e intentar aplacar el descontento y posible efervescencia social ante el incontenible ascenso de la crisis económica y social; motivada por el bajo crecimiento económico, despilfarro, corrupción, creciente endeudamiento público; desempleo, alto costo de la vida y baja inversión social.

Crecen las denuncias en redes sociales sobre los abusos cometidos por efectivos militares, tanto la invasión militar al Museo Jon Cortina en Guarjila, dedicado a la memoria del sacerdote jesuita; como el trato prepotente y violento principalmente en contra de jóvenes, cuya característica es la de ser y parecer pobres. Estas son zonas rurales con altos niveles de organización y capacidad de gestión comunitaria, larga trayectoria de lucha en favor de los cambios institucionales y sociales logrados a través del sacrificio y de Los Acuerdos de Paz. Territorios con mucha historia y dignidad, en la que residen muchos excombatientes consecuentes desmovilizados de la guerrilla; zonas en las que se contabiliza la menor incidencia criminal de pandillas desde hace más de siete años; municipios en los que ganó el partido FMLN en las últimas elecciones. Esa larga y ejemplar trayectoria de lucha, así como su identidad y definición política, pueden ser los motivos para semejante despliegue militar.

La inconstitucional extensión de un régimen de excepción durante dos años, después del reconocimiento de Bukele en su discurso del 15 de septiembre de 2023 en el que afirmó tener bajo control la violencia de pandillas, deja sin fundamento a esta medida represiva que coarta libertades democráticas y garantías constitucionales. Ya se acumulan más de 78,100 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con un alto porcentaje de inocentes. Más el dramático dato, todavía conservador debido al ocultamiento de información, de 235 muertes de personas privadas de libertad que permanecían bajo custodia del Estado, muchas con señales de tortura.

Abundan las denuncias y testimonios sobre graves violaciones continuadas a derechos humanos, tratos crueles y denigrantes, torturas; sobre todo a inocentes. Prevalece la ausencia de garantías procesales básicas, como el caso de juicios multitudinarios donde se ventila simultáneamente procesos judiciales a grupos de hasta 500 detenidos. Otras personas apresadas desde el año 2022 siguen a la espera de audiencias que podrían ocurrir en el año 2025.

El cruce de información pública entre altos cargos como el ministro de la Defensa Nacional y otros funcionarios del gobierno con Bukele, en el contexto de esta operación, han puesto al descubierto que es Bukele mismo quien personalmente ordena y conduce éstas maniobras, violentando el criterio jurídico de su propia Sala Constitucional, que le mandó a permanecer seis meses fuera del ejercicio de la presidencia hasta el primero de junio. Quien debería cumplir esas funciones es la señora Juana Rodríguez, supuesta presidenta en funciones. Una ilegalidad más al largo expediente acumulado por Bukele.