tuvieron un lugar preferente las víctimas de un sistema económico, social y político excluyente y represivo como históricamente lo ha sido el salvadoreño. Su poema más conocido se refiere directamente a estas con amor del bueno, del que dice la verdad, del que no se anda con rodeos. En este evoca a la paisanada que se largó a hacer el trabajo que nadie quería hacer, que buscó pleitos y los encontró fácil, que la encarcelaron por siempre sacar primero el cuchillo, que lloraba recordando la tierra que la expulsó o de la que prefirió huir... Le cantaba a la paisanada que no se parece mucho a la que ahora le apuesta a repetir nuestra historia –la de “los tristes más tristes del mundo”‒ babeando y votando en el exterior ante la figura descarnada de un nuevo dictador.
“Todos nacimos medio muertos en 1932. Sobrevivimos pero medio vivos, cada uno con una cuenta de treinta mil muertos enteros”. Así se expresó Roque Dalton, quien también nació medio muerto tres años después del aplastamiento ‒a sangre y fuego‒ del levantamiento indígena y campesino ordenado por Maximiliano Hernández Martínez, el anterior tirano. “Anastasio Izalco, Lempa Aquino: desde que tú naciste se ha hecho necesario apellidar la lucha y ponerle tu nombre”; eso fue lo que le susurró el poeta al líder de los nonualcos, rebeldes en 1833. Estos pueblos originarios han sido acá víctimas sempiternas para las cuales, hasta el 2018, se intentó reconocer sus derechos mediante el estudio de un proyecto de ley y su aprobación. Pero la semana pasada, la segunda legislatura dominada completamente por la bancada obediente a los dictados de Bukele amenazó con mandar dicho proyecto al archivo.
Igual ocurrió con otro elaborado con el objeto de crear un sistema de búsqueda, localización, identificación y protección de personas desaparecidas. Sobre los hechos ocurridos en 1932, la Sala de lo Constitucional recibió hace algunos años un recurso de exhibición personal en favor de tres víctimas directas de esa práctica terrorista estatal y –con muy buen tino– decidió no admitirlo; mejor inició, en marzo del 2019, el trámite para amparar a sus familiares demandantes por presuntas violaciones “al derecho a la protección jurisdiccional en sus manifestaciones del derecho a la verdad y a las medidas de no repetición”, “al derecho a la integridad personal” y “al derecho a la identidad cultural del pueblo indígena al que pertenecieron las víctimas”.
Ese valioso precedente de preocupación por estas, le valió chonga a la citada bancada cian. Mejor decidió impedir que las familias buscadoras de quienes han desaparecido durante la posguerra, sobre todo en el marco del “bukelato”, cuenten con un recurso útil para lograr culminar con éxito su batallar: encontrar a sus seres queridos con vida, que sería lo ideal, o dar con el paradero de sus restos humanos. Para estos grupos familiares dolientes, no funcionan ni el mecanismo constitucional referido ni las gestiones que realizan las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado; pero debería, al menos, ser obligación estatal hacer todo lo posible por siquiera apoyarlas.
Por cierto, los asesinos de Roque nunca entregaron su cadáver y pese a los esfuerzos realizados no ha sido ubicado; es pues un desaparecido más, pero a manos de la guerrilla. Y a pesar de haberle demandado una y otra vez al sistema de justicia salvadoreño que funcione para esclarecer la verdad de lo ocurrido y sancionar a todos sus responsables, dichos intentos tampoco han tenido un final congruente con las aspiraciones de su esposa e hijos. Sin embargo, el proyecto de ley de justicia para las víctimas y sus familiares sigue sin aprobarse tras casi ocho años de haberlo ordenado la Sala de lo Constitucional; es más, también acordaron refundirlo en el archivo como parte de lo que desde mi perspectiva –de concretarse‒ no es más que un “combo legislativo” insultante. Es, en definitiva, la evidente muestra el desprecio hacia las víctimas por parte del régimen.
Por ello, a estas no les queda otra: como el bardo hay que volverse cada vez más organizada, creativa y activamente impertinentes. De lo contrario, seguirá aumentando su número a manos del Estado y el menosprecio de este hacia su dignidad.