Uno de los roles del gobierno es promover el crecimiento económico mediante los diferentes instrumentos de política pública. A pesar de tener a su disposición una variedad de instrumentos fiscales las diferentes administraciones del gobierno salvadoreño han mostrado una preferencia por el otorgamiento de incentivos tributarios a la inversión, bajo la lógica de que el no pago de impuestos o tasas impositivas bajas harán atractivo al país ante los ojos de inversores extranjeros, lo que permitirá la generación de empleos, más crecimiento económico y, por ende, mejoras en el bienestar de la población.
Pero hay evidencia y estudios de la academia, centros de pensamiento e incluso del Ministerio de Hacienda, que demuestran que los incentivos tributarios en El Salvador no han tenido los resultados esperados. En lugar de ello, se han convertido en privilegios para grupos y actividades económicas que no pagan impuestos, que no generan empleo o que lo hacen en condiciones precarias, y que en algunos casos incluso incumplen con las normativas ambientales.
La actual administración parece que carece de ideas nuevas y ha caído en la misma trampa que sus antecesoras al limitar su estrategia de atracción de inversiones al otorgamiento de privilegios fiscales como la reforma de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización que extiende la exención tributaria para empresas de las zonas francas y maquilas; la exención de impuestos de las ganancias derivadas del intercambio de Bitcóin; las exenciones de impuestos a empresas contratistas de grandes proyectos de inversión pública; y, las más recientes reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta que amplían las rentas excluidas del pago de dicho tributo y que aplican tanto a inversores nacionales como extranjeros, y así la lista puede continuar.
La desesperación gubernamental por atraer inversión ha provocado que el presidente Bukele vaya en contra de sus promesas electorales en las ofrecía a la sociedad salvadoreña una ley general que regularía los incentivos fiscales para la producción y el empleo. Luego de un período presidencial esta administración no se ha interesado en regular los incentivos, sino que ha repetido los errores de las anteriores: promover privilegios fiscales a diestra y siniestra, cuya formulación y aprobación se realiza sin ningún sustento técnico que permita evaluar los beneficios y costos de estas medidas, sin garantizar la transparencia en su otorgamiento y sin prever sanciones en caso de que un beneficiario incumpla con normativas laborales o ambientales de país. La falta de efectividad de este tipo de medidas se refleja en las cifras oficiales, a pesar de los esfuerzos del Banco Central de Reserva de forzar las cifras para que muestren un milagro económico que solo sucede existe en el discurso oficialista.
A lo mejor el gobierno necesita encontrar fuentes de ideas nuevas para atraer inversión. Bien harían el Presidente, la Ministra de Economía, el Ministro de Hacienda y los diputados de la Comisión de Hacienda en leer los informes del Foro Económico Mundial que señalan que los inversores al momento de decidir dónde invertir suelen priorizar la estabilidad económica y política, el crecimiento económico, la política monetaria, la estabilidad financiera, la innovación y la tecnología, así como los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Además, consideran los riesgos geopolíticos, las tendencias demográficas y de consumo. De ahí podrían salir muchas ideas de políticas públicas de atracción de inversión que no se basen en incentivos tributarios, un factor, que dicho sea de paso ni siquiera es determinante para los inversionistas.
Quizás para atraer inversiones a El Salvador podría resultar más efectivo que los funcionarios, incluyendo el Presidente, respeten la Constitución y el marco legal e institucional del país; a lo mejor, la transparencia y rendición de cuentas del gobierno podría ayudar a mejorar la confianza en el sector público; quizás, apostar por garantizar el derecho a la educación y salud de las personas, podría atraer inversiones en sectores que requieren trabajadores calificados; tal vez medidas claras de reducción de la pobreza podría fortalecer nuestro mercado interno; o, si en lugar de otorgar préstamos a diputados y diputadas, la banca estatal utilizara sus recursos para promover el acceso a crédito a sectores claves para la generación de mayor valor agregado o una transición industrial verde.
Lourdes Molina Escalante
Economista sénior
Icefi
@lb_esc