Como corresponde, este grave incidente que cobró vidas ha motivado una declaración de protesta por parte del Gobierno de El Salvador, demandando una condena a lo que considera un “crimen de Estado”. No obstante, en ninguna de las partes la administración Bukele da explicaciones sobre las acciones de responsabilidad que asumirá su Gobierno para frenar la migración, ofreciendo por ejemplo oportunidades de progreso que detengan el éxodo; y menos, una explicación razonable que determine por qué se ha incrementado la expulsión de salvadoreños de su propio territorio, en un torrente migratorio sin precedentes. De acuerdo con datos oficiales publicados por el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Patrulla Fronteriza y Aduanas, los salvadoreños detenidos en la frontera sur de su territorio, y que corresponden al periodo de Gobierno de la administración Bukele, se han incrementado notoriamente en comparación al flujo ocurrido en el Gobierno anterior. Año 2019: 92,351; 2020 en pandemia: 17,165; 2021: 98,690; 2022: 97,030. Estas cifras no incluyen a decenas de miles de salvadoreños que pudieron ingresar a territorio norteamericano sin ser detenidos, tampoco a miles de compatriotas que decidieron quedarse en suelo mexicano, ni otros que migraron a Reino Unido, España, Italia, entre otros.
Tras un año, el Régimen de Excepción ha puesto en la cárcel a más de 67,500 personas, jóvenes en su mayoría y muchos de ellos inocentes, por el solo delito de ser y parecer pobres. Adicionales a ellos, 39,000 presos anteriores al Estado de Excepción, lo que suma 106,500 detenidos, colocándonos en la categoría per cápita del mayor Estado penitenciario del mundo, con los consiguientes efectos sociales y económicos. Si bien la “Guerra contra las pandillas” ha sometido a miles de criminales y reducido una parte de homicidios, pasamos abruptamente de la violencia criminal de las maras, a la violencia sistemática generada por agentes del Estado. Esto explica por qué lejos de disminuir el flujo migratorio, este es constante. Además, después de un año, tampoco se ha elevado la inversión extranjera, pues más bien esta disminuyó en los últimos cinco trimestres.
Un reciente informe del Banco Mundial y de la “Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna” (FEWS NET) advierten de la inminente escasez de granos básicos y alimentos, presumiblemente a partir de agosto próximo, debido a las secuelas de la pandemia y a la guerra en Ucrania, que han derivado en el alza del precio de los alimentos, los costos de la energía, combustibles, insumos para la agricultura y una galopante inflación. Ante estos fenómenos, solo aquellos países que cuenten con políticas, estrategias y planes para la soberanía alimentaria podrán enfrentar exitosamente la crisis.
El panorama para El Salvador es incierto. De acuerdo a datos del BCR (Banco Central de Reserva), durante el presente Gobierno, y hoy con el supuesto control territorial impuesto con el Régimen de Excepción, la pobreza lejos de disminuir aumentó, pasando de 22,8% en 2019, a 26,6% en 2022; mientras la extrema pobreza se duplicó en el mismo periodo de 4,5% a 8,6%. De igual manera, la tenencia de agua potable en los hogares cayó de 81,1% a 79,4%; mientras la cobertura sanitaria disminuyó de 95,2% a 93,9%; la cobertura eléctrica descendió de 87,7% a 83,5%; cifras que se replican en la franja de educación. Este severo impacto ocurre mientras el gobierno de Bukele ha endeudado al país en ese mismo periodo con 5,881 millones de dólares. Un inexplicable destino de esos recursos, si se contrasta con el deterioro y grave crecimiento de la pobreza. Por lo tanto, además de pedir las explicaciones del caso por el incidente fatal de nuestros compatriotas muertos en México, el Gobierno de Bukele tiene la responsabilidad de trazar una política económica fundamentada en la productividad del país y principalmente en una estrategia alimentaria que responda a la crisis ya avisada, si pretende contener la migración. Caso contrario, los migrantes seguirán yéndose del país por el hambre y también por la violencia de Estado.