En un contexto en el que alrededor del mundo se están experimentando graves inundaciones, sequías e incendios, y varias de las principales economías están reforzando su apuesta por combustibles fósiles resulta impostergable que las negociaciones entre los países vayan más allá de compromisos discursivos y se concreten en acciones y medios de implementación concretos. Pero este año, el camino para lograrlo no está exento de desafíos y para algunos las expectativas no son muy halagüeñas.
El Acuerdo de París considera tres pilares para la acción climática: mitigación, adaptación y pérdidas y daños, este último se espera que tenga un rol central en la edición de este año de la COP. Las pérdidas y daños se refieren a aquellos impactos climáticos, reversibles e irreversibles, que afectan a las personas y su territorio, que pueden significar pérdidas de elementos económicos y no económicos —pérdida de tradiciones, idiomas, biodiversidad, entre otros—. Las pérdidas y daños han sido un punto de impase recurrente en las negociaciones climáticas y los avances en la materia son muy escasos. Por una parte, los países en vías de desarrollo son quienes sufren con mayor intensidad los impactos del cambio climático y demandan indemnizaciones y el reconocimiento de la responsabilidad legal de los grandes emisores; mientras que los países desarrollados han centrado sus esfuerzos en limitar las negociaciones que permitan establecer mecanismos de compensación o de definición de cualquier responsabilidad legal de estos respecto a los daños y pérdidas.
El tema de pérdidas y daños es particularmente relevante para Centroamérica. Aunque es una de las regiones del mundo más vulnerable ante el cambio climático —con factores agravantes como los altos niveles de pobreza, inseguridad, violencia e inequidad, manejo inadecuado de los recursos naturales y acelerada degradación ambiental—, y que de manera recurrente tiene que asumir los costos millonarios de los daños y pérdidas, su nivel de incidencia y negociación continúa siendo muy limitado. Las peticiones y demandas se quedan en discursos o declaraciones, como la aprobada en el marco del SICA, el pasado 26 de octubre, pero Centroamérica sigue careciendo de estrategias, nacionales y regionales, que les permita impulsar cambios en la arquitectura del financiamiento climático internacional, catalizar mecanismos de asistencia (técnica y financiera) en materia de daños y pérdidas o en la exigencia de cumplimiento de compromisos a los grandes emisores.
En un contexto como este, resulta estratégico que la región fortalezca su propia acción climática, y vaya más allá de la COP, particularmente en materia de financiamiento. Para ello, al mismo tiempo que se continúa demandando y exigiendo que los países desarrollados cumplan con sus compromisos en materia de financiamiento climático, Centroamérica también debe fortalecer la movilización interna de recursos; es decir, un primer paso para avanzar en la lucha contra el cambio climático en la región es fortalecer el rol de la política fiscal en la acción climática.
Este es un desafío latente en la región, basta ver los presupuestos públicos de nuestros países, incluyendo las propuestas para el 2023, en los que las entidades rectoras en materia ambiental, que ejercen el liderazgo en la acción climática, recurrentemente se encuentran entre las entidades que menos prioridad fiscal y macroeconómica tienen. Por ello, la acción climática en Centroamérica no puede desvincularse del debate sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, la implementación de impuestos ambientales, el diseño y la ejecución de instrumentos de deuda pública vinculados a criterios de sostenibilidad y la participación del Estado en sectores con sendas de crecimiento bajas en carbono y que promuevan una transición verde y justa. Urge una acción más activa de los gobernantes y de la sociedad centroamericana en general frente al cambio climático.