Hay un concepto económico que me gusta mucho: el costo de oportunidad, que se refiere al costo que representa la alternativa o las alternativas que rechazamos cuando tomamos una decisión. Una maestra solía explicarlo con un ejemplo fácil: si alguien tiene una hora de tiempo libre puede escoger entre utilizarla en dormir, hacer tareas domésticas o ver televisión; si escoge dormir, el costo de oportunidad de esa siesta será lo que se dejó de hacer, en este caso los oficios domésticos o el programa de televisión. Este concepto se puede aplicar a diferentes situaciones a las que cualquier persona, familia, empresa o gobierno debe enfrentarse cuando por un lado tiene necesidades ilimitadas, pero recursos limitados. En esta ocasión quisiera aplicar este concepto a las decisiones que toman los funcionarios en El Salvador.

Desde hace un par de semanas el tema que domina las redes sociales, las conversaciones y la propaganda gubernamental es la realización del evento de Miss Universo en el territorio nacional. En el marco de este evento se ha vuelto a remodelar el recién remodelado gimnasio nacional, se ha implementado el cableado subterráneo en algunas cuadras específicas de San Salvador y se han realizado mejoras estéticas a algunas plazas. Estas acciones obviamente conllevan el uso de recursos públicos ¿cuántos? Eso aún no está claro, y sinceramente no sé si en algún momento podremos saberlo, la transparencia y rendición de cuentas sobre cómo se usan los impuestos de los y las salvadoreñas no es precisamente una fortaleza de la administración Bukele.

En redes sociales circulan declaraciones de la Embajadora de El Salvador en Estados Unidos, en las que señala que Miss Universo es un proyecto de USD 100 millones. Si tomamos como cierto ese valor, el concurso de belleza representa un alto costo de oportunidad para un país en el que hay 500 mil de personas padeciendo desnutrición, más de 250 mil niños y niñas en edad escolar se encuentran fuera de la escuela y más de la cuarta parte de la población vive en situación de pobreza.

Pero seamos más específicos en el costo de oportunidad de esa “inversión”, porque USD 100 millones no es poco dinero. Con USD 100 millones la administración del presidente Bukele hubiera podido financiar: 1.3 veces el presupuesto de toda la educación parvularia en todo el país; 1.0 veces el presupuesto de toda la educación media en todo el país; 23.8 veces el programa de apoyo de la erradicación de la pobreza en El Salvador; 0.9 veces el presupuesto de la Universidad de El Salvador; 1.6 veces el presupuesto del Hospital Nacional Rosales; 2.2 veces el presupuesto del Hospital Nacional Benjamín Bloom; 3.9 veces el presupuesto del Hospital Nacional de la Mujer Doctora María Isabel Rodríguez; 5.2 veces el presupuesto del programa de abastecimiento y seguridad alimentaria del MAG; 4.5 veces el programa de alimentación escolar; 4.5 veces el presupuesto del Ministerio de Vivienda; y, 5.2 veces el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Todos los gobiernos al decidir qué hacer, y qué no hacer, asumen costos de oportunidad, en qué consistan esos costos depende de las prioridades que las autoridades de turno tengan. Lo esperado o lo racional sería que, en un contexto como el salvadoreño, el gobierno buscara priorizar utilizar los recursos públicos para financiar medidas que le permitan cumplir con su mandato constitucional: promover el bienestar y los derechos de la población, pero sabemos que el presidente Bukele y sus funcionarios no se caracterizan por respetar la carta magna. En este momento las decisiones de política pública se están tomando en clave electoral y se priorizan aquellas decisiones que, aunque no representen mejoras en la vida de las personas, puedan venderse como logros sin precedentes, ya que permiten maquillar el deterioro democrático del país y aseguran votos para una reelección inconstitucional.

Pero en la medida en que las necesidades y los derechos de la población continúen sin priorizarse, los costos de oportunidad serán cada vez más altos y evidentes. Y en algún momento ni un concurso de belleza podrá ocultarlos, porque al final los costos de oportunidad de las decisiones de política pública las asumen todas las y los salvadoreños.