En El Salvador 1,868,206 personas viven en situación de pobreza, de las cuales casi 600 mil viven en pobreza extrema es decir que sus ingresos ni siquiera les permiten cubrir el costo de la canasta básica de alimentos.
En promedio quienes habitan en este país tienen ingresos mensuales promedio de apenas USD397.87, pero hay diferencias entre hombres y mujeres, así como entre la población urbana y rural. El ingreso promedio de las mujeres equivale al 90.0% que el de los hombres y una persona que vive en lo rural percibe un ingreso que equivale al 71.5% del ingreso promedio de quien habita una zona urbana. Además, de cada 10 personas trabajadoras del área urbana, 4 lo hacen en condiciones de informalidad.
En este país hay 634,771 niñas, niños y adolescentes menores de 16 años viven en situación de pobreza; 197,036 menores que deberían asistir a la escuela no lo hacen y apenas 2.4% de niñas y niños de 0 a 3 años de edad recibe educación inicial. Asimismo, 66,353 menores se encuentran en situación de trabajo infantil y 79,584 vive sin ninguno de sus padres, ya sea por motivo de abandono, migración o muerte.
A nivel nacional el 39.0% de los hogares viven en condición de hacinamiento, condición que se presenta en el 52.5 % de los hogares rurales. Además 35,049 hogares carecen de acceso a la energía eléctrica y 200,486 no tienen acceso a agua.
Los párrafos anteriores contienen varios números, que alguien pudiera ver como simples estadísticas, pero detrás de cada cifra hay personas cuya dignidad y derechos son vulnerados. Esos números, esas cifras oficiales, elaboradas y publicadas por el gobierno salvadoreño nos permiten perfilar una realidad nacional en la que, a pesar de los discursos presidenciales, las campañas electorales o los videos en redes sociales, El Salvador está cada vez más lejos de la justicia social y sigue enfrentando los mismos desafíos y problemas de las últimas décadas.
En nuestro país hemos tenido gobiernos de todos los colores que, durante los períodos electorales han realizado infinitas promesas por cambiar las condiciones de vida de la población, pero tales promesas han sido incumplidas y una vez elegidos y en el ejercicio del poder público todos los gobiernos y sus funcionarios, incluidos los actuales, han fallado a la hora de implementar políticas públicas integrales y transformativas que aseguren la educación gratuita y universal, incluyendo la educación superior; que faciliten el acceso a viviendas asequible y con acceso a infraestructura de servicios básicos; que promuevan la creación de empleos dignos, bien remunerados y con acceso a la seguridad social; que garanticen la igualdad de género; y, que permitan redistribuir la riqueza.
La prioridad ha sido y continúa siendo el blindaje de privilegios e intereses particulares. Quizás por eso no es extraño el desencanto de la población con la democracia como forma de gobierno, la apatía a la participación política y la esperanza de que surgirá un gobernante mesiánico que solucionará todo.
En un contexto con un gobierno popular, pero que carece de planes económicos o sociales y que no tiene reparos para eliminar la institucionalidad democrática resulta relevante preguntarnos: ¿un gobierno no democrático puede acercarnos a la justicia social? ¿Cómo un gobierno puede construir un país más justo sin espacios para la participación ciudadana? ¿Puede un gobierno con un discurso basado en la polarización y el odio implementar políticas públicas que no excluyan a nadie? ¿Puede un gobierno poco transparente y que persigue la libertad de prensa asegurar que los recursos públicos no se utilizarán para beneficiar intereses particulares? ¿Cómo reaccionará un gobierno no democrático cuando la ciudadanía exija condiciones básicas de vida digna, como educación, salud, vivienda y empleo?