Son preocupantes para el cumplimiento de los ajustados tiempos del Calendario Electoral del TSE, los retrasos en la selección y contratación de la empresa que ejecutará la implementación tecnológica del voto desde el exterior en las modalidades remota por Internet y electrónico presencial. Esto ha ocasionado un agrio debate y fisuras que muestran un Organismo Colegiado descohesionado y autodestructivo, además de las sinuosas presunciones de irregularidades que fueron temerariamente lanzadas ante los medios de comunicación por el presidente de la Asamblea Legislativa.

Esta controversia tiene a la base la falta de acuerdo y tardanza injustificada del Organismo Colegiado del TSE para contratar a una de las ocho empresas que fueron consideradas en el proceso de contratación directa, tal como determinó la Ley Especial para el Sufragio en el Extranjero, que fue aprobada de manera muy tardía y sin consenso interinstitucional el pasado 18 de octubre de 2022. Ante esta y otras reformas, el TSE ha sido mudo en ejercer su rol constitucional sobre la materia electoral y hoy tiene el agua al cuello porque de acuerdo a la ley, las pruebas del sistema de votación deben iniciar el 3 de junio.

Las fallas de origen en esta improvisada manera de ejecutar el voto electrónico tienen que ver con la tardanza que tuvo el Ejecutivo y la legislatura en aprobar una normativa que de hecho necesitaba mucho más tiempo para madurar su concepto y garantizar su ejecución. Al final, la ley nació sin un diseño consensuado, disparidades en el tipo de documentos para identificar al elector; DUI vigentes y vencidos; direcciones cruzadas en las circunscripciones electorales; vacíos sobre el registro de electores en el exterior y falta de mecanismos de coordinación interinstitucional bajo rectoría del TSE. A esto deben sumarse los vacíos y fallas de un debido proceso administrativo en el que se impuso la figura de la contratación directa, desde la calculada premura legislativa, que eliminó así, como en muchos otros casos habituales en esta administración gubernamental, la sana garantía de la licitación pública que abone en transparencia.

Los retrasos legislativos en la aprobación de la ley, y la falta de acuerdos en el TSE para contratar a la empresa, empiezan a generar un “efecto dominó”, con un retraso en cadena que puede afectar por la premura y escasez de tiempo el diseño funcional y seguridad del software, la ejecución de pruebas suficientes y exhaustivas que deberían iniciar este próximo 3 de junio, la distribución logística de tecnología y, sobre todo, las auditorías que den fe de transparencia y buen desempeño de los sistemas operativos, garantizando que el sistema cumple los términos de referencia planificados y contratados.

Las decisiones del Gobierno con esta modalidad improvisada de reformas han disparado los costos de realización de los eventos electorales al compararlos con años anteriores: 2009=$23,014,435; 2012=$26,841,750; 2014=$40,000,000; 2015=$36,000,000; 2018=$39,981,865; 2019=$27,541,452; 2021=$45,000,000; 2024=129,000,000. Sin embargo, este último incremento del costo de realizaciones de elecciones no resuelve aspectos relativos a la calidad democrática de los procesos electorales.

Si bien es sustancial el incremento presupuestario, todavía prevalecen problemas estructurales que no están siendo debidamente abordados, como la baja participación política de jóvenes como electores y candidatos; no se distinguen políticas ni acciones para incrementar la participación y representación de las mujeres; tampoco hay medidas concretas para garantizar los derechos de minorías; además no se están superando los desequilibrios en las reglas y condiciones de competencia en campañas electorales, y tampoco se incide en superar el porcentaje de ausentismo interno. Por el contrario, la participación ha venido cayendo en las últimas elecciones presidenciales, que son las que refieren el mayor nivel de participación de votantes: 2004=67%; 2009=62%; 2014=56%; 2019=51%.

A los problemas anteriores debe cargarse el retraso en la actualización cartográfica del voto residencial para seguir acercando los centros de votación a los lugares de vivienda de los electores; la falta de campañas efectivas para actualizar la dirección de decenas de miles de electores que han cambiado su domicilio y tendrán dificultades para acercarse a votar; el control electoral sobre las redes sociales y medios alternativos de comunicación; y lo más grave: el pobre desempeño jurisdiccional del máximo juez electoral el TSE.

Por de pronto, no queda más que estar a la expectativa ante una posible afectación a nuestro derecho al sufragio.