Por lo tanto, más allá del buen gusto por montar una exquisita pasarela para el certamen de Miss Universo o recorridos turísticos para extravagantes bitcoiners, que nunca invirtieron un centavo en el país, el “ordenamiento” es utópico y artificial, así como es insostenible la pretensión de esconder la pobreza correteando a miles de vendedoras ambulantes, desalojando puestos estacionarios y encerrando a una parte de los afectados en desvencijados mercados fuera del foco comercial, como en el Mercado Tinetti o el fracasado Mercado Cuscatlán. La informalidad creció debido a la exclusión generada por un modelo económico que desmontó las capacidades productivas, lanzando a la calle a miles de trabajadores. Solo este gobierno ha desempleado a veinte mil trabajadores del sector público y espantado a muchos inversionistas.
Durante 2022, en la primera fase, más de cinco mil vendedoras fueron desalojadas de la calle Rubén Darío, de la 1ª, 3ª y 5ª avenida norte, de la alameda Juan Pablo II, del Parque Infantil, de la calle Arce, el pasaje Montalvo y de la avenida España. En la segunda fase, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, cerca de cuatro mil vendedoras están siendo removidas del predio de la ex biblioteca, de la calle Delgado, la 1ª calle oriente, la 4ª y 6ª avenida norte y de 8ª avenida sur. Esa ofensiva avanza a una tercera fase hasta desalojar las ventas en las inmediaciones del Salvador del Mundo y edificios adyacentes de call centers. Otros desalojos están anunciados para las proximidades de la iglesia El Calvario, la periferia del Mercado Central y cercanías de la Biblioteca Nacional. Lo mismo está ocurriendo en Santa Ana y San Miguel.
Estos “desalojos voluntarios” culminaron irremediablemente con el desmantelamiento forzado de estructuras y galeras construidas con mucho sacrificio, provocando el desahucio de miles de vendedoras lanzadas con las manos vacías que aseguraban con su trabajo el sustento diario de humildes hogares por generaciones. Estos desalojos están precedidos de supuestos “procesos de diálogo pacífico” impuestos por autoridades municipales, en el que a las vendedoras y sus familias les queda claro la velada amenaza de aplicarles el Régimen de Excepción ante cualquier renuencia o de cualquier expresión de protesta pública. Estas primeras dos fases significaron la expulsión de cerca de nueve mil vendedoras, sin contar la tercera fase en marcha.
Así como el régimen encerró a miles de inocentes en las cárceles mediante el régimen de excepción, miles de vendedoras están siendo arrinconadas en desvencijados mercados como el Tinetti, en el que pretenden hacinar a setecientas vendedoras sin perspectivas comerciales debido a que no existe una política integral para persuadir y estimular a los consumidores para entrar a comprar en los edificios de mercados, ni sobre el reordenamiento de los flujos del transporte público para acercar a los compradores, o para rehabilitar a fondo las infraestructuras obsoletas. Los nuevos mercados en construcción, Escalón y ex biblioteca, apenas alojarán a trecientas cincuenta vendedoras cada uno, capacidad insuficiente si tenemos en cuenta que en los últimos dos años seis mercados resultaron quemados y cuyas vendedoras se suman a las nueve mil ya desalojadas y a las que faltan por sacar
Esta crisis coincide con la escalada incontenible del precio de la canasta básica de alimentos hasta en un 12%; solo el precio del huevo alcanzó $ 0.25 centavos por unidad en las tiendas y el frijol $ 1.25 por libra; sube el precio de los combustibles, aumentan las tasas de interés bancario y crece la inseguridad alimentaria afectando al 52% (3.3 millones) de la población, colocándonos en el sexto lugar de América por detrás de Haití, Guatemala, Perú, Jamaica y Honduras.
De acuerdo con el BID el 14% de los salvadoreños tiene ingresos menores al costo de la canasta básica de alimentos y miles de estas son las vendedoras ambulantes y sus familias ¿Cuál es la política para ellas?