El Salvador en la región y el mundo luce cada vez más sombrío y con escasas perspectivas de progreso. Se profundiza la crisis social, debido al crónico y raquítico crecimiento económico por debajo del promedio regional; la baja productividad; la fuerte caída de las exportaciones y el poco empleo. Sobre esta debacle pesa la falta de previsión gubernamental, ausencia de rumbo y de un plan consensuado capaz de enfrentar las dificultades del nuevo escenario internacional, regional y de la propia realidad local. Padecemos los efectos del prolongado conflicto de la invasión rusa sobre Ucrania, la tragedia por la pérdida de vidas humanas e infraestructura, y la inestabilidad política. La prolongación indefinida de ese conflicto y la amenaza de ampliarse entre potencias traerá consigo un mayor incremento a los insumos para la agricultura, un mayor precio al aceite comestible y granos como el trigo, por lo que estos recursos, junto al petróleo y sus derivados, tendrán un mayor impacto global.

A esto suma la tragedia humana del genocidio causado por Israel en Palestina. La Franja de Gaza es un territorio de apenas 365 km2, en el que sufren dos y medio millones de palestinos; una extensión muy parecida al municipio de Suchitoto con 329 km2. En Gaza la población civil padece la salvaje embestida del ejército israelí que ha segado miles de vidas, principalmente de niños, mujeres y ancianos; los bombardeos han demolido viviendas, hospitales, escuelas, la universidad. Esta injustificada escalada de agresión de ninguna manera puede explicarse como respuesta a las operaciones militares del movimiento Hamas. De continuar esta escalada, hay un riesgo latente de regionalizar el conflicto hasta involucrar a Irán, Líbano y a países del Golfo Pérsico. Una crisis semejante detonará en un alza de precios del petróleo a nivel global, con mayores consecuencias para los países de la periferia como el nuestro.

La crisis está cada vez más próxima a nuestra frontera, vimos sus consecuencias durante el periodo de inestabilidad padecido por la hermana república de Guatemala, debido a un conflicto político electoral que terminó en una crisis institucional que paralizó a ese país por más de dos semanas, con inmensas movilizaciones sociales que enfrentaron a las fuerzas conservadoras que bloqueaban el ascenso y transición del presidente electo Bernardo Arévalo y del movimiento Semilla, en un peligroso intento por frustrar el proceso democrático. Solo la movilización del pueblo garantizó avanzar en la transición. Sin embargo, esa crisis política terminó arrollándonos. El prolongado bloqueo de carreteras durante las protestas puso en relieve la elevada dependencia de El Salvador hacia otros países, al dispararse los precios de frutas, verduras, hortalizas y legumbres, que son importadas desde Guatemala. Esta situación puso al descubierto la falta de independencia alimentaria y la ausencia de políticas del gobierno de Bukele para recuperar las capacidades de producción agropecuaria.

El Gobierno de Bukele no ha demostrado estar preparado para enfrentar los retos del entorno global y regional y tampoco lo está para asumir las responsabilidades internas. Recientemente, la tormenta tropical Pilar puso al descubierto por enésima vez, la elevada vulnerabilidad del país ante el cambio climático y la falta de previsión ante fenómenos naturales recurrentes. Estos causan un mayor impacto debido a la ausencia de políticas, planes y estrategias para enfrentar la vulnerabilidad y resolver la urgente necesidad de producir alimentos en función de alcanzar la soberanía alimentaria, superar la extrema pobreza y atajar la creciente crisis alimentaria, suficientemente avisada por todas las agencias internacionales y las organizaciones de productores en el país.

Mientras tanto, el Gobierno de Bukele sigue dilapidando millonarios recursos en irresponsables aventuras como la del Bitcoin, una fallida operación de la que se desconoce el paradero de al menos 425 millones de dólares, así como la controversial decisión de asumir los pasados Juegos Centroamericanos con un elevado costo estimado en 230 millones de dólares y que fue rechazado por otros países de la región. A esto debe sumarse el millonario costo que representará el evento Miss Universo, en el que el Estado invierte, pero serán empresas privadas los que perciban las ganancias.

El reto más inmediato de un Gobierno responsable debería ser asumir e invertir en serio en la reactivación agropecuaria hasta alcanzar la soberanía alimentaria y sacar al país de la crisis.