La estrategia de control territorial impuesta por el gobierno actual de El Salvador, que incluyó la construcción de este centro penal, continúa produciendo un impacto importante en la seguridad nacional de este país. Sin embargo, muchos expertos en seguridad argumentan que, sin la imposición de una estrategia regional, difícilmente esta estrategia salvadoreña tendrá un impacto sostenible. Similarmente, desde una perspectiva de salud pública, esta violencia impuesta por el crimen organizado y sus pandillas terroristas difícilmente será controlada enfocándose unilateralmente en un solo foco de producción de violencia. Al igual que el comportamiento de células cancerosas, el istmo centroamericano es terreno fértil para el crecimiento exponencial y expansión de estos grupos violentos. En un artículo de opinión publicado por este periódico recientemente, expuse la evolución de la violencia armada en el triángulo norte, violencia que en la actualidad se expande rápidamente a la vecina Costa Rica.
El reporte de asesinatos del 2022, en dicho país, fue el más alto de la historia del país: una cifra 66,5 % mayor que la del 2012, para una tasa récord de 12,6 por cada 100.000 habitantes, mientras los registros del 2023 ya lo superan en un 30 %. Los homicidios por arma de fuego en Costa Rica han detonado una inseguridad ciudadana nunca vista por los ticos, y han obligado al gobierno de Rodrigo Chaves a diseñar e implementar una nueva estrategia de seguridad: “Costa Rica Segura”. El nuevo plan incluye construir una nueva cárcel, incrementar el número de policías, compra de patrullas, reforzar equipamiento policial, requisas en centros penales, y bloqueo de señales en penales, incluyendo intervención de comunicaciones por la policía.
En enero de este año, Chaves argumentó que le pedían seguridad al estilo Bukele, pero “lo de Bukele se lo voy a quedar debiendo”, aseguró. Tres meses después, el presidente costarricense se ve obligado ante la ola de homicidios a cambiar de opinión. Todas las medidas anunciadas por el presidente de Costa Rica han sido implementadas en el plan de Control Territorial del presidente Nayib Bukele.
Un serio problema al que se enfrenta el ejecutivo de Costa Rica es que no cuentan con mayoría en el congreso, y ya el presidente Chaves está tratando de presionar tanto al cuerpo legislativo y judicial para que apoyen su nuevo plan, el cual indudablemente no tendrá el impacto esperado sin el apoyo de ambos cuerpos. Por su parte, el gobierno de Xiomara Castro implementó, en diciembre de 2022, el Estado de excepción para combatir a pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha. La medida fue prorrogada dos veces, pese a la preocupación de Naciones Unidas, que pidió no extenderla. Si no vuelve a prorrogarse, expirará el 20 de abril.
Hace un mes, autoridades hondureñas anunciaron la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, con capacidad para 1.500 reclusos cada una. El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, dijo que se instalarán en la isla del Cisne, en la zona del Caribe, y en la zona montañosa de Patuca. El gobierno de Guatemala reporta una tendencia al descenso en tasas de homicidios, y mantiene la estrategia impuesta por el gobierno de Giammattei, aunque algunos candidatos a la presidencia de este país se adhieren a la estrategia salvadoreña.
Es indudable que estrategias nacionales como el plan de control territorial del gobierno de Bukele están produciendo impactos, que hasta hace poco eran inimaginables. La pregunta fundamental es qué tan sostenibles son estas estrategias, sabiendo que la región centroamericana y sus condiciones socioeconómicas la hacen especialmente vulnerable a este tipo de grupos terroristas. Implementar una estrategia regional parece ser una oportunidad viable en el momento actual.