La mujer acudió a Ciudad Mujer de San Martín a denunciar lo ocurrido y agentes de la Policía Nacional Civil lograron detener en flagrancia a Anaya, quien trabaja como agente de seguridad privada. El sujeto fue acusado en el Juzgado Segundo de Paz de San Martín por los delitos de amenazas y expresiones de violencia contra la mujer. La audiencia inicial se realizó el viernes de la semana pasada y Anaya fue sobreseído definitivamente porque la mujer expresó a la Fiscalía que ya no quería continuar con el proceso y no se presentó a la diligencia.
Probablemente la víctima no quiso seguir con el proceso por amenazas, por miedo, por inseguridad, por baja autoestima, por condiciones de pobreza o por cualquier otra situación. Lo cierto es que ahora ella ha quedado expuesta a la deriva, su compañero probablemente la continuará maltratando y hasta le puede quitar la vida en cualquier momento de discusión. Al no seguir con el proceso, ni siquiera se hace acreedora a medidas de protección. Dios quiera que Julia H. tenga las agallas suficientes para demandarlo con firmeza si vuelve a ocurrir otro caso de violencia o maltrato.
Solo la semana pasada hubo más de 30 audiencias por violencia intrafamiliar en el Centro Judicial de Soyapango. El patrón en casi todos los casos es el mismo. Ha habido violencia desde que comenzó la relación, la pareja no se separa por “amor a los hijos”, en muchos casos el hombre no trabaja y en casi toda la actuación del hombre ha estado determinada por el consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes.
En la mayoría de los casos se da la conciliación. Los hombres prometen ya no ser violentos y muestran un falso arrepentimiento, sobre todo si están esposados y han pasado cinco o seis días presos en bartolinas apestosas. Las partes (Defensa y Fiscalía) piden al juzgado aplicar medidas restrictivas o reglas de conducta por seis meses, un año, 18 meses y hasta dos años. Los jueces, aplicando la legislación vigente, imponen reglas de conducta y mandan a los procesados a recibir terapias psiquiátricas y a los grupos de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos, según sea el caso. Luego son las mismas víctimas las que van a las bartolinas policiales a traer a sus compañeros cuando recuperan su libertad.
En muchos casos las víctimas regresan a los juzgados, siempre en calidad de víctimas, porque sus compañeros o parejas continuaron en las mismas. Nuevamente se refrendan las medidas y en ocasiones otra vez las agredidas concilian con sus agresores. Una jueza me contaba que conoció el caso de una mujer que había denunciado a su esposo en cinco ocasiones diferentes. Dos en juzgados de San Salvador, dos en juzgados de Soyapango y una vez en un juzgado de Ciudad Delgado. En todos los casos concilió con su esposo, hasta que éste en una borrachera se suicidó.
Desde luego que no se puede culpar a las mujeres. Ellas sienten miedo, visualizan la situación de sus hijos sin el aporte material de sus padres, temen a las represalias, fueron criadas en ambientes machistas, tanto maltrato las ha convertido en vulnerables y sumisas, recibieron una educación desventajosa, viven angustiadas, sufren discriminación cotidiana, carecen de suficiente información sobre sus derechos como mujer y para colmo se echan de enemigos a los familiares del agresor. Las mujeres deben tener plena conciencia que todo feminicidio simple o agravado está antecedido por violencia intrafamiliar, por expresiones de violencia contra la mujer, por lesiones, por agresiones y por amenazas.
Asimismo, las mujeres deben saber que hay instancias que les pueden ayudar. Que ellas tienen derecho a denunciar. Hay instituciones como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, los juzgados de paz, oficinas de género de las alcaldías, organizaciones no gubernamentales y estatales que están dispuestas y obligadas a ayudarles. Las mujeres no deben callar. Por amor a sus hijos, por amor a ellas mismas, deben acudir a denunciar cualquier caso de maltrato y no renunciar a los procesos judiciales.
Todos podemos cambiar. También ha habido casos positivos donde tras una denuncia a tiempo los hombres han cambiado de manera positiva. Los jueces les hacen conciencia sobre su rol de hombre, padre y esposo, lo cual a veces ha causado un efecto positivo. Lo importante es no callar. La ley es hasta bonancible y el Código Penal, en su artículo 200 sanciona con prisión de uno a tres años de cárcel el delito de violencia intrafamiliar. Más vale una denuncia a tiempo que un feminicidio. Ni amenazas, ni violencia intrafamiliar, ni expresiones de violencia, ni acoso, ni agresiones de ningún tipo, ni lesiones deben callarse. Los delitos contra la mujer hay que denunciarlos, al igual que todo hecho ilícito sea contra quien sea.