La operación para cambiar las reglas de competencia electoral y desnivelar la mesa a favor de Bukele, quedó clara tras la sorpresiva derogación del art. 291-A del Código Electoral el pasado 15 de marzo; ese artículo no permitía reformas a menos de un año de la proxima elección; tal cómo está limitado en cualquier país democratico en el que se respetan las reglas de competencia electoral. Volar ese muro de contención legal les permitió abrir un boquete por donde colar de manera perversa el paquete de reformas que trastoca el sistema democratico, anulando el principio constitucional del pluralismo político. El pluralismo en la representacion legislativa se restringe al disminuir la cantidad de curules, más el avieso cambio de la fórmula para adjudicar escaños; al cambiar del “sistema Hare”, que permite la representación de minorías; al “sistema D’ Hondt” que privilegia al partido mayoritario con el que Bukele pretende concentrar más poder.
En la misma tónica, la drástica reducción de 262 a tan solo 44 municipios, mas allá de las afectaciones historico culturales, va en la direccion contraria de las naciones democraticas que privilegian cada vez más la descentralización, y sobre todo, crecientes niveles de empoderamiento y participación ciudadana. Al reducir el numero de municipios se reducen tambien los espacios para la participación ciudadana, y se vuelven más difíciles los mecanismos de rendición de cuentas, al distanciar alcaldes y concejos municipales de las comunidades. Semejante concentración de poder en el ejecutivo es la continuidad de nefastas decisiones de este gobierno como fue la disolución del FIS-DL (Fondo de Inversion Social para el Desarrollo Local), que se encargaba de fomentar las capacidades técnicas de los municipios; la disolución del ISDEM (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal) que fue responsable de la capacitación de autoridades y funcionarios municipales; y la extinción del FODES (Fondo para el Desarrollo Economico y Social).
Retrógradas reformas como éstas, ademas del peligro del derrumbe del principio constitucional del pluralismo politico, y restringir los mecanismos de participación ciudadana, generan inestabilidad politica y social al propiciar el despido de miles de trabajadores del estado; introducen inestabilidad jurídica en un periodo electoral por todas las reformas que implicará armonizar el resto de instrumentos legales como el Código Electoral , Ley de Partidos Políticos; Ley del Voto desde el Exterior, Código Municipal.
Esta absurda reforma impuesta al final del periodo presidencial, conllevan una compleja transición administrativa por las deudas financieras de los municipios extintos; los contratos de servicios sobre desechos solidos, alumbrado público; sobre todo cuando aún no esta claro cual será la naturaleza operativa, el marco legal de funcionamiento y subordinación entre esos macro municipios con los distritos; y lo más grave, las implicaciones políticas y sociales de un proceso de reforma ejecutado a espaldas, y de manera inconsulta con la población, en la que no se ha tomado en cuenta la opinión de organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas democráticos, municipalistas y de participación ciudadana.
Estamos ante una reforma que implica un severo retroceso constitucional para la democracia y el pluralismo político; una clara manipulación del sistema electoral para concentrar más poder en Bukele y su partido, en medio de uno de los peores periodos de crecimiento de la corrupción, la opacidad, incompetencia, debilitamiento de la institucionalidad y ante el peligro de consolidación de un régimen dictatorial.