Exhortar a los partidos políticos al diálogo y el respeto a la dignidad de cualquier persona durante la campaña electoral fue el vehemente llamado del Nuncio Apostólico Monseñor Luigi Roberto Cano, en la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral para suscribir el “Pacto de Entendimiento entre los Partidos Políticos para las Buenas Prácticas en el Desarrollo de la Campaña Electoral y la No Violencia Política”. Esta es una medida paliativa ante el exacerbado clima de encono y ataques virulentos realizados principalmente por una vasta maquinaria mediática operada desde granjas de troles y cuartos de guerra articulados al amparo de la institucionalidad gubernamental, hecho certificado por sendas investigaciones periodísticas.

El prelado enfatizó la urgencia de respetar el derecho a la expresión y a escucharse; a no estigmatizar a las personas y desarrollar una campaña de altura sobre ideas y proyectos. El mensaje del representante diplomático del Vaticano fue muy claro: “No puede existir una campaña electoral adonde uno se enfrenta personalmente, es necesario que la campaña electoral respete la dignidad de la persona, cualquier persona sea, cada persona tiene el derecho de expresarse, cada persona tiene el derecho de ser respetada”. Llamó, además, a un debate de altura sobre proyectos e ideas. Esto coincidió con la denuncia formulada por un bloque de mujeres diputadas y candidatas de oposición, víctimas de ataques sistemáticos desde esa oscura maquinaria de propaganda gubernamental.

Durante el fragor de la guerra civil padecida en El Salvador, tuvo lugar el proceso de diálogo que condujo a la negociación política que puso fin al conflicto armado. Esto fue posible por la voluntad de las partes enfrentadas, el clamor de paz de la población, el auspicio de Naciones Unidas y el decidido respaldo de la comunidad internacional. Este concierto fue capaz de lograr el cese de fuego y la suscripción de los Acuerdos de Paz, iniciando una nueva era de paz, apertura democrática, reconstrucción de la infraestructura y la institucionalidad. En dicho proceso jugó un rol destacado La Nunciatura Apostólica de aquella época, afirmando el método del diálogo como instrumento político para alcanzar acuerdos de nación. La cultura de dialogo forma parte ineludible de nuestra historia y del reconocimiento internacional.

Bukele intenta perversamente borrar y cambiar esa historia al desconocer públicamente el proceso y logros de los Acuerdos de Paz, sin los cuales probablemente nunca hubiera sido presidente. Su Gobierno ha incumplido compromisos en materia de justicia y resarcimiento a las víctimas del conflicto armado, lisiados, veteranos de guerra y excombatientes; rompió el diálogo interpartidario y los mecanismos de concertación; ataca permanentemente a las fuerzas políticas de oposición, prensa independiente y organizaciones de la sociedad civil. Con toda su correlación legislativa y política, Bukele nunca asumió El Foro de Concertación Económico y Social; cerró todos los canales de comunicación con sectores organizados. Bukele controla todos los poderes del Estado y reprime con un prolongado régimen de excepción.

En cualquier país democrático, el congreso legislativo es por excelencia el espacio natural para el debate de propuestas. En esta Asamblea Legislativa los diputados de Bukele aprobaron hasta la segunda semana de diciembre 616 iniciativas, muchas de manera exprés, con dispensa de trámite, sin discusión alguna. Mientras, la oposición presentó 230 iniciativas de leyes, reformas y recomendables que se han bloqueado y ni tan siquiera son incluidas en piezas de correspondencia. Ninguna llegó al pleno legislativo y mucho menos a discusión en las comisiones de trabajo. Este comportamiento antidemocrático vulnera el reglamento del órgano y desnaturaliza al parlamento, por cuanto la iniciativa de ley tiene rango constitucional.

La única evidencia de diálogo y negociación del régimen de Bukele es con las pandillas, pactando sangre y apoyo político electoral a cambio de prebendas. Abunda la evidencia en amplias investigaciones periodísticas, ahora comprobadas, como la liberación de Canales Rivera (El Crook), prominente líder de pandillas condenado a cuarenta años de cárcel y que fue liberado ilegalmente por agentes gubernamentales. Luego de pedirse en extradición, se ha recapturado en México y trasladado para procesarse en Estados Unidos. Su testimonio será revelador.

Cabe preguntarse: ¿es posible celebrar elecciones justas, libres, con garantías democráticas, ante un Gobierno autoritario, que monopoliza y utiliza todo el poder y los recursos del Estado en su reelección inconstitucional, bajo un prolongado régimen de excepción, con reformas electorales sin consenso, y sin árbitro electoral? Hay que decidir.