Este 16 de enero de 2024 conmemoramos el trigésimo segundo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y su aliado el Frente Democrático Revolucionario (FDR), en contra del bloque conservador compuesto por las Fuerzas Armadas, el Gobierno del expresidente Alfredo Cristiani, y el respaldo político, económico y militar de EE. UU. Este trascendental Acuerdo fue posible por las ansias de paz de la población cansada de un conflicto prolongado; el equilibrio militar de las partes enfrentadas sin definir una victoria en el campo de batalla; y el cambio del escenario internacional decantado en respaldar una solución política negociada.

El Acuerdo de Paz no fue un arreglo improvisado, fue el resultado de un largo proceso de maduración de correlaciones y de distintos esfuerzos de diálogo entre las partes en conflicto, destacan: el encuentro en La Palma, Chalatenango el 15 de octubre de 1984; el diálogo de Ayagualo en el departamento de La Libertad, el 30 de noviembre del mismo año; la reunión programada en Sesori, San Miguel, el 19 de septiembre de 1986; una reunión privada en Panamá el 29 de enero de 1987; un encuentro en la Nunciatura Apostólica de San Salvador el 4 de octubre de 1987; el diálogo del 15 de septiembre de 1989 en México. Fue en este encuentro en que las partes acordaron solicitar la mediación de Naciones Unidas, y el Consejo de Seguridad acordó nombrar representante especial al peruano Álvaro de Soto.

El camino para alcanzar la paz en El Salvador estuvo acompañado de un sólido respaldo internacional hasta encarrilar las negociaciones. Destacando como piedra angular, en uno de los periodos de mayor incertidumbre internacional, por el arribo del presidente Ronald Reagan al frente de los EE. UU., en enero 1981, la declaración franco-mexicana (28 de agosto 1981). Ambos gobiernos declararon su preocupación por el sufrimiento del pueblo salvadoreño; que la situación constituía un peligro para la estabilidad y paz regional. Expresaron la necesidad de cambios fundamentales en los campos social, económico y políticos. Reconocieron “que la alianza FMLN-FDR constituye una fuerza política representativa dispuesta a asumir las obligaciones y ejercer los derechos que de ello se derivan. En consecuencia, es legítimo que la Alianza participe en la instauración de los mecanismos de acercamiento y negociación necesarios para una solución política de la crisis”.

En esta misma tónica continuaron los trabajos del “Grupo de Contadora”, México, Colombia, Panamá, Venezuela (1983-1985), quienes asumiendo el llamado de personalidades como el Primer Ministro Sueco, Olof Palme, los Premios Nobel Gabriel García Márquez, Alfonzo García Robles, y Alva Myrdal, propusieron una mediación de paz en Centroamérica por los graves conflictos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que amenazaban extenderse a toda la región. Esta iniciativa luego derivó en los Acuerdos y Declaraciones de Esquipulas I y II (1986 y 1987) promovidos por el expresidente Vinicio Cerezo de Guatemala y el acuerdo de los jefes de estado de Centroamérica, decidiendo crear El Parlamento Centroamericano para reforzar la participación democrática y pluralista, trabajar por un procedimiento y una agenda para la asistencia a refugiados, conseguir la paz, control de armas, reconciliación, democratizar, celebrar elecciones libres y avanzar en cooperación económica.

Por lo tanto, el proceso y suscripción de los Acuerdo de Paz en el Castillo de Chapultepec, México, fue el corolario de un largo proceso de maduración política que contó con el firme acompañamiento de Naciones Unidas, el Grupo de Países Amigos 4+1 (Colombia, España, México, Venezuela) +1 (EEUU), que dio como resultado el florecimiento de un periodo de apertura democrática; hecho histórico de gran trascendencia, considerado un segundo ícono después de la gesta de Independencia. De este surgen, entre otros, la institucionalidad de los Derechos Humanos, una nueva doctrina militar y la transformación de las Fuerzas Armadas, una nueva concepción de academia y seguridad pública (PNC), un servicio de inteligencia civil (OIE), y una reforma democrática electoral.

El legado de la Paz es legal y legítimo, Bukele puede diferir, pero no puede cambiar los hechos históricos, ni debe eludir los compromisos que le corresponden como gobernante. La historia lo juzgará por el respeto a la Constitución, cumplir los Acuerdos de nación, consolidar las instituciones, resarcir a las víctimas, cumplir con los excombatientes y desmovilizados y asumir el diálogo como herramienta de solución de conflictos.