¿A qué nos referimos cuando hablamos de diversidad biológica o biodiversidad? A la gran variedad de especies de plantas, animales y microorganismos que existen en el planeta. La región centroamericana, a pesar de ser un territorio pequeño, contiene el 12% de la diversidad biológica del planeta.
La biodiversidad, constituye el sustento de la mayoría de las actividades humanas: provee materias primas, alimentos, agua, medicamentos y combustibles; y también provee bienes y servicios ambientales como la regularización del clima, la fijación de CO2, la recuperación de la fertilidad del suelo, la descomposición de residuos, entre otros. Pero a pesar de su importancia su protección históricamente se ha dejado de lado en las formas en que se desarrollan los procesos de producción, distribución y consumo, así como del diseño de políticas públicas ambientales, sociales y económicas.
Como consecuencia, desde hace varias décadas la biodiversidad viene mostrando reducciones y pérdidas significativas a un nivel de 50 a 100 veces mayor a las tasas naturales. En 2020, el Fondo Mundial para la Naturaleza estimó que entre 1970 y 2016, los países de América Latina y el Caribe experimentaron una disminución del 94.0% de la biodiversidad. En el caso específico de la región centroamericana la protección de la biodiversidad se ha visto limitada por la estructura social de la tenencia de la tierra, el crecimiento de la población y de las desigualdades, las migraciones y la pobreza, así como prácticas productivas inadecuadas basadas en la sobreexplotación y agotamiento de los recursos naturales, la contaminación y degradación ambiental, lo cual ha provocado que la región haya perdido más de la mitad, 52.0%, de su biodiversidad origina.
Ante esta crisis de pérdida de biodiversidad se debe avanzar en la construcción de un mundo en el que esta se valora, conserva, restaura y usa adecuadamente. Este es un compromiso que El Salvador asumió con la ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en 1994. Y aunque el cumplimiento de dichos compromisos le concierne a todos los sectores de la sociedad salvadoreña, es el Estado el que debe asumir el rol de liderazgo en esta transformación y utilizar todas las herramientas de política pública que tenga a su alcance, incluyendo las de naturaleza fiscal.
Una de las herramientas fiscales que los gobiernos pueden utilizar es el presupuesto público. Actualmente, a nivel internacional, alrededor del 57.0% (entre USD 75 y 78 mil millones) del financiamiento para la conservación de la biodiversidad proviene de los presupuestos nacionales, lo cual implícitamente representa el reconocimiento de la biodiversidad como un bien público. Pero ese sigue siendo un reto para nuestro país, por ejemplo, una de las maneras más efectivas para resguardar la biodiversidad es la creación de áreas de protección ambiental, pero El Salvador es el único país de la región que tiene menos de 2.0% de su territorio bajo protección, según datos del Estado de la Región y, para 2022, solo ha asignado USD 0.3 millones para la gestión de las áreas naturales protegidas y vida silvestre.
Además, en El Salvador tampoco se han aprovechado medidas como: la implementación de impuestos, aranceles, regalías, cargos o tasas ambientales para generar ingresos destinados a conservar la biodiversidad y/o desincentivar comportamientos que la afectan; la reducción o eliminación gastos que le resulten perjudiciales, tales como los subsidios a combustibles fósiles; la evaluación de mecanismos como los bonos o los préstamos verdes; o, la creación de estrategias efectivas para acceder a financiamiento climático.
La pérdida de la biodiversidad amenaza el bienestar y la existencia humana, por lo que se requiere la acción urgente para su protección. Y aunque pareciera que hay crisis más importantes que resolver en este momento (como la sanitaria, económica, fiscal o climática), en realidad es que todas están interconectadas y no podemos dejar ninguna sin atender.