Sobre El Salvador preocupa a la comunidad electoral internacional la sorpresiva derogación del artículo 291-A, que establecía: “Un año antes de celebrarse cualquier tipo de elección, no se admitirá ninguna modificación a las reglas que rigen el proceso electoral, salvo aquellas que sean estrictamente necesarias para ejecutar algún aspecto de la elección.” En su premura los diputados gobiernistas bajo una mala técnica legislativa erraron en la referencia del decreto a dinamitar (DL-391-2016 y en su lugar pusieron la carga sobre un decreto equivocado (DL-413-2013) que creó el Código Electoral vigente. Veremos como salvan semejante gazapo.
Con la derogación Bukele y sus diputados volaron el muro de contención a reformas que trucan la competencia electoral en el año previo, dejan el portillo abierto para seguir desnivelando la cancha a su favor. Entre las reformas que podrían colar por el agujero están reducir el número de municipios, la cantidad de diputados de 84 a 60, ambas sin estudio técnico que las sustente y garantice el principio constitucional de representatividad proporcional de la población y sin que exista un censo de población (el último fue en 2007). Otra reforma en ciernes es desmontar la barrera al transfuguismo que impide la participación electoral de figuras de reciente adquisición (no muy sacras) en las filas del partido de Bukele o aliados. Pretenden modificar también la fórmula Hare de restos mayores que garantiza la representación poblacional a través de partidos minoritarios, un cambio que les permitiría concentrar más diputados y mayor poder a Bukele.
Cabe reflexionar ¿si las encuestas dicen que le dan toda la ventaja electoral a Bukele y su partido para ganar todo el poder político que quieran, cual es la razón para seguir manoseando el sistema electoral con atropelladas reformas? Es tan vulgar la pretensión de concentrar todos los votos por internet del exterior en la circunscripción de San Salvador como descarada la campaña electoral ilegal y anticipada en el que diputados, funcionarios y ministros andan como “moscas envenenadas” tras los compatriotas en el exterior. A esto sumemos el abuso de los recursos del Estado en función partidista, el despliegue de una brutal campaña sucia desde las redes sociales para desacreditar a la oposición, prensa independiente, ONG, movimientos sociales, personalidades críticas.
Es (muy) probable que el partido de Bukele tenga números negativos, reveladores de los brutales efectos sociales del atropello a los Derechos Humanos de 105,000 familias que padecen al menos un privado de libertad bajo el Régimen de Excepción y a quienes llevan más de tres años sin poder visitar, sobre todo, conociendo las brutales condiciones de esos campos de concentración. A esto hay que sumar los 425,000 pequeños productores agropecuarios, principalmente de granos básicos, que padecen el abandono porque Bukele nunca les cumplió el financiamiento del fondo de recuperación de la agricultura; el reiterado lamento de empresarios que movilizan más de 10,000 unidades de transporte público bajo permanente acoso gubernamental; las más de 40,000 vendedoras ambulantes que padecen precarias condiciones ante los desalojos de la vía publica en las principales ciudades y bajo la amenaza del Régimen de Excepción, sin recibir opciones para sostener dignamente a sus familias; o familias en miles de comunidades en situación de abandono municipal por la suspensión del FODES ¿Acaso sabe el partido oficial que ya no puede contar con esos votos?
En números concretos, en 2019 de un padrón 5,286,411 de electores participaron 2,733,178 (51,88%) y de estos Bukele obtuvo 1,434,856 votos que representan el 27,23% del padrón. En 2021, de un padrón 5,389,017 participaron 2,705,912 (50,21%), y de estos Nuevas Ideas obtuvo 1,218,208 votos que representan el 22,60% del padrón ¿Será que más allá de la burbuja mediática estos número reales son la verdadera preocupación para empujar semejantes reformas?