En 2017, y luego de un largo proceso de lucha, especialmente de las organizaciones ambientalistas, la Asamblea Legislativa la Ley de prohibición de la minería metálica. Esta decisión fue celebrada porque el extractivismo representa más costos que beneficios para nuestro país, lo que guarda estrecha relación con un contexto ambiental caracterizado por una alta vulnerabilidad; un marco legal e institucional débil e incapaz de regular una actividad con altas complejidades ambientales, sociales, económicas y fiscales; y, por la falta de condiciones de transparencia, rendición de cuentas y lucha anticorrupción que aseguren la gobernanza del sector.
Pero los presupuestos públicos de los últimos años dan indicios de que el gobierno salvadoreño estaría coqueteando nuevamente con la minería, lo cual enciende todas las alarmas a nivel nacional ya que representaría un serio retroceso en materia ambiental y de derechos humanos. Veamos cuáles son los cambios en el presupuesto que son motivo de preocupación.
En 2019, en el presupuesto del Ministerio de Economía la unidad presupuestaria de Hidrocarburos y Minas contó con un presupuesto de USD1.5 millones que fueron utilizados para la administración del subsidio al gas licuado. En 2020, el monto se mantuvo, pero en el propósito de dicha asignación de recursos se incluye «[...] la revisión y actualización de la ley de minería y su reglamento», en los dos años siguientes las asignaciones tuvieron variaciones mínimas, pero el destino de dichos recursos se mantuvo, aunque se debe señalar que, a finales de 2021, el legislativo aprobó Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.
Dicha Dirección aparece este año como una unidad presupuestaria específica, con una asignación que asciende a USD 3.1 millones – esto es superior a la asignación para proyectos ambientales que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales-, con dichos recursos se espera no solo dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas en los sectores de Energía, Hidrocarburos y Minas, sino también «[...]autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en las en las actividades de Hidrocarburos y Minas», lo que refleja una decisión intencionada desde el ejecutivo por contar con una entidad reguladora de una actividad prohibida en el país.
Estas asignaciones podrían ser solo eso, pero en 2021 El Salvador también se incorporó al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, cuyo propósito es mejorar la administración de los recursos y la toma de decisiones de los gobiernos que trabajan en el sector minero. Además, desde inicios de 2023 el Estado salvadoreño ha criminalizado a 5 liderazgos de ADES Santa Marta, una asociación comunitaria que desde hace más de dos décadas se convirtió en una de las principales promotoras de la resistencia frente a las actividades mineras e impulsora de la prohibición de estas actividades mencionada anteriormente. Estas prácticas de criminalización parecen sacadas de un manual de un país con mala gobernanza minera, en el que la explotación de recursos prima sobre los derechos y el bienestar de las personas.
Ojalá que las sospechas de una posible reactivación de las actividades de minería metálica en el territorio nacional estén equivocadas, aunque no puedo dejar de pensar en el dicho «piensa mal y acertarás». Ojalá que el gobierno no se compre discursos vacíos de que la minería se puede convertir en una fuente de financiamiento del desarrollo sostenible y cometa la torpeza de apostar por esta actividad. En un contexto como el salvadoreño, la minería no generará ni empleo, ni crecimiento, ni ingresos fiscales. Basta con ver lo que sucede en países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua, en el que los Estados se han convertido en “socios tontos” que a cambio de centavos explotan sus recursos, dañan el ambiente y violan derechos humanos. La minería es una apuesta equivocada, incluso peor que el bitcóin.