Hagamos un recuento. Desde el gobierno se indicó el año pasado, durante varias ocasiones, incluso con comunicados oficiales que se estaba negociando un acuerdo de servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional por US$1,300 millones. Lo concreto es que mientras el gobierno no dé muestras de que asumirá compromisos en materia de transparencia y gobernabilidad democrática ese acuerdo no llegará.
Otra opción usual para obtener recursos había sido la de colocar bonos en los mercados internacionales; sin embargo, esta también la cerró el propio gobierno por sus acciones autoritarias y por la implementación de la Ley Bitcoin. Salir a colocar bonos en este momento implicaría pagar una tasa de interés cercana al 30%, lo cual sería un suicidio financiero. Por lo que también está descartada. Los bonos volcán otra llamarada de tuza.
¿Entonces cómo podría conseguir esos US$800 millones? Hay varias alternativas, algunas muchísimo más riesgosas que otras. Una sería crear un token digital propio, una desdolarización de facto, con lo cual podría pagar compromisos a nivel nacional y liberar recursos para pagar las obligaciones internacionales. Una medida cuya medicina podría ser peor que la propia enfermedad pues esto podría provocar un pánico y una corrida bancaria. Otra sería modificar el marco normativo y usar las reservas del Banco Central para pagar, con una economía dolarizada y un contexto económico mundial poco halagüeño, podría ser peligrosa.
Otra podría ser una reforma de pensiones para tomar dinero del fondo de pensiones y pagar las obligaciones. Sin embargo, el hecho que hasta ahora no se haya presentado la reforma es porque ya se dieron cuenta que técnicamente no es tan cierto que una reforma les puede solucionar los problemas financieros, de hecho, dependiendo como quede la reforma incluso podría agravar dichos problemas.Yo creo que la estrategia que seguirá el gobierno para pagar esos US$800 millones, en caso así lo decida (porque yo tampoco descartaría que de manera deliberada no paguen), sería la estrategia del “puchito”. Es decir, conseguir ese monto a través de diversas fuentes de financiamiento y es ahí donde aparecen los tanques de oxígeno.
El primero ya se conoce y son US$100 millones del Banco Mundial, que si uno ve esos recursos son para vacunas, pero vacunas que ya se habían comprado, es decir que en la práctica el gobierno lo que hará es una sustitución de fuente de financiamiento y con ello libera recursos para destinarlos para lo que quieran. Este mismo mecanismo es el que ha utilizado el BCIE en ocasiones anteriores. Supongo que al ser más difícil de justificar dar dinero directamente para apoyo presupuestario, lo disfrazan como recursos para inversiones concretas. Y no es de extrañar que el BCIE este año haga lo mismo dándole más dinero al gobierno. Total, si se le da a Ortega en Nicaragua lo de El Salvador es más fácil de justificar. Y también aparece el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) del cual ahora El Salvador es miembro y puede obtener más apoyo.
El punto es que, aunque el gobierno consiga esos US$800 millones para pagar la obligación de enero de 2023. La situación seguiría siendo crítica. Por poner un ejemplo, entre julio y diciembre de este año debe pagar más de US$1,200 millones entre Letes y Cetes, de los cuales más de US$500 millones los debe de pagar en septiembre, ¿los bancos privados y las AFP le van a refinanciar esa deuda?
Es decir que mientras no se tenga claridad sobre lo que implica el manejo de la política fiscal y no exista una verdadera estrategia fiscal con medidas de corto, mediano y largo plazo, la situación financiera, aunque encuentre oxigeno seguirá en coma.