La otra alternativa, es la colocación de bonos en mercados internacionales, la cual el propio gobierno ha cerrado. ¿Por qué? Por el deterioro institucional y la implementación de la Ley Bitcoin. Si el 30 de abril de 2021 el gobierno hubiera salido a colocar bonos en los mercados internacionales la tasa de interés que hubiera pagado sería de alrededor de 8%, si lo hiciera en estos momentos tendría que pagar más de 20%. Por eso no lo han hecho, porque saben que es un suicidio financiero.
Frente a esto el gobierno anunció otra alternativa: «los bonos volcán». Las autoridades dijeron que a mediados de marzo se colocarían y El Salvador haría historia. Historia que continuó con el gobierno aceptando que no lo haría el Ministerio de Hacienda, sino que la empresa privada con capital público como lo es LaGeo, pero todavía no, sino que hasta que las condiciones mejoraran. Una manera un poco burda de aceptar que esta alternativa les ha salido como cohete soplado hasta el momento. Y una manera de confirmar que la credibilidad de este gobierno en el ámbito financiero es cercana a cero.
¿Entonces qué alternativas le quedan? La que han estado usando hasta ahora ha sido a través de deuda de corto plazo que compran los bancos privados en El Salvador con los ahorros de la gente. Pero se ha llevado a niveles muy altos y esta alternativa no es sostenible. Así que todas las opciones en el futuro inmediato apuntan a una reforma de pensiones. Pero una reforma de pensiones vista únicamente como una alternativa para aliviar las finanzas públicas es muy mala idea.
Para empezar, el tema previsional es complejo y difícil. No hay soluciones mágicas y quien diga que las tiene miente. Básicamente lo que se define en el sistema de pensiones es quiénes recibirán pensiones, cuánto recibirán y quién las va a financiar. Y este requiere de mucho diálogo político entre los diversos sectores de la sociedad, pero también estudios técnicos. La politiquería no sirve para una reforma de este calado. Si la propuesta no va acompañada de un estudio actuarial que muestre que es viable, se quedará como otra carta más a Santa Claus.
Es posible que el gobierno lo que busque es la nacionalización porque con ello se borraría de un plumazo más de $5,800 millones de deuda pública, porque si el sistema es público no se va a deber a él mismo, además de ahorrarse el dinero que tiene que pagar en concepto de intereses. Asimismo, para ganar adeptos a su propuesta puede ofrecer a las personas que ya están jubiladas y a quienes están por jubilarse montos mayores de pensiones. Hasta acá parecería que no habría ningún problema. Pero ¿de dónde saldría el dinero de esas pensiones?, seguramente de los impuestos que paga toda la población que en su mayoría nunca tendrá pensión y de quienes ahora son jóvenes y, cuando se vayan a jubilar, se darán cuenta que la factura la pagarán ellos y ellas.
Es decir que una reforma de pensiones integral debe abordar al menos los problemas de cobertura, sostenibilidad, suficiencia y equidad. Además de hacerse desde un enfoque de derechos e intergeneracional. Además, luego de la reforma se sabría que también es necesaria una reforma fiscal, pues las dos deben ir de la mano.
Habrá que estar atentos a la propuesta que presente el Ejecutivo. Pero solo con el hecho de que se haya elaborado a puertas cerradas y sin diálogo político y social, ya debe ser motivo de preocupación.