Derribaron, con la complicidad de El Salvador, Nicaragua y Honduras, al Presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz en 1954. Reconocieron a la revolución sandinista en 1979. Apoyaron a los militares salvadoreños durante la guerra civil de 1980; e invadieron a Panamá, para capturar a Noriega, al que juzgaron y encarcelaron. Y en el 2022, pidieron y lograron la extradición del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, que guarda prisión en una cárcel de Nueva York. Actualmente, las relaciones diplomáticas de Estados Unidos, exhiben muy bajo nivel en Nicaragua y El Salvador. En los dos países, no tienen embajador, sino que sus embajadas están a cargo de Encargados de Negocios.
En la medida en que la crisis económica de la región se agudiza, el fenómeno de los migrantes ilegales de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses, se ha convertido en un problema para los líderes de los Estados Unidos. Los teóricos del Departamento de Estado, han concluido que la emigración ilegal, más que una expresión de la voluntad de quienes quieren vivir mejor; y, creen que pueden lograrlo en los Estados Unidos, es fruto de la corrupción, la falta de seguridad jurídica, la imperfección de los sistemas políticos y la ausencia de un capitalismo que absorba la joven mano de obra que tiene en su base, el crecimiento acelerado de la población.
Para enfrentar el problema, un diputado de la Cámara de Representantes, introdujo una ley, la “Lista Engel”, que obliga al Departamento de Estado a presentar, en forma trimestral, una lista de corruptos – de los gobiernos y empresa privada-- de todos los países del continente.
En su última edición, incluye a políticos cercanos al presidente Bukele, en El Salvador, Guatemala y Honduras. En El Salvador, fuera de unas breves expresiones del Presidente Bukele, los señalados, se han llamado al silencio. Ninguno ha renunciado. En Guatemala, el presidente Giammatei, ha emprendido un ataque a los periódicos independientes y funcionarios que hicieron comparsa con el Fiscal Velásquez de la ONU, utilizando como arma arrojadiza a fiscales, incluidos en la “Lista Engel”. En Honduras, dos vice presidentes del Congreso y un asesor presidencial, han levantado la voz al cielo, censurando al imperio estadounidense, al que han acusado de intervencionista. Uno de ellos Razel Tome Flores, político de poca monta, ha usado su inclusión como plataforma para mejorar su imagen y sus posibilidades en el partido Libre.
Solo en Paraguay, se ha producido un acto ejemplar y relevante. El vicepresidente, Hugo Velásquez, ha presentado su renuncia del cargo de su país. Su renuncia, ha sido explicada, en sus palabras: “La decisión de dar un paso al costado es para no afectar el entorno del Presidente de la Republica (Mario Abdo Benites) ni al Partido Colorado”.
En Paraguay, opera una sociedad civil que se expresa por una opinión publica cuestionadora del comportamiento de sus políticos y burócratas. Cosa que no ocurre, en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, en la que los políticos tienen control sobre sus sociedades, sistemas de opinión pública y sus gobiernos carecen de conciencia que operan al servicio de sus gobernados, para buscar el bien común, en un espacio de honradez y transparencia. Los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, no recibimos de nuestros gobiernos, el obligado respeto de quienes pagamos con nuestros impuestos. De todos los ciudadanos.
En el triángulo de Centroamérica, no operan gobiernos democráticos perfectos, sino que simples imitaciones, hibridas y con raíces de poca profundidad, en donde la moralidad y la honradez, no son atributos distinguidos. Por ello, el desarrollo de nuestra región es, de muy improbable futuro, condenada a sufrir comportamientos de gobernantes y políticos que, creen que el poder es un premio, que reciben de los electores, por sus virtudes y capacidades; y, nunca un compromiso con el bienestar de sus pueblos. Por lo que no les preocupa la felicidad de todos.