El sepulcral silencio de Bukele ante el incómodo aniversario de la imposición del Bitcoin como “moneda” de curso legal, intenta esconder y desentenderse de la penosa vergüenza por el inocultable y estrepitoso fracaso del criptoactivo, del que nadie en el gobierno, ni su bancada, quieren hablar. La estrategia de contención mediática para desviar la atención pública y evadir la rendición de cuentas ha sido, otra vez, el mañoso diseño de una encuesta para intentar justificar las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el Régimen de Excepción y el lanzamiento de un programa mediático para reparar la infraestructura escolar, agravada por el descuido y abandono de los obligados confinamientos durante la pandemia y los injustificados recortes presupuestarios.

Del pomposo y megalómano discurso sobre las maravillas que produciría la adopción del Bitcoin no queda nada. De la promesa que solo en el primer año arribaría a los cien mil dólares por unidad, la atracción de arrolladoras inversiones, el abaratamiento de la transferencia de remesas y un descomunal derroche de empleo que daría el retorno de la diáspora, solo quedan los tuits. Ahora, son claros los rasgos que caracterizan a este desvencijado proyecto: fracaso, rechazo, despilfarro, desconfianza, riesgo y opacidad; la extrema volatilidad del criptoactivo lo ha llevado en reiteradas oportunidades a desplomarse por debajo de los 20 mil dólares. La extrema oscuridad y discrecionalidad impiden conocer a fondo la magnitud del desastre, sin embargo, los especialistas estiman que el país acumula multimillonarias pérdidas que rondan los 415 millones de dólares, a partir del estimado que suman los 150 millones del fideicomiso, el reparto de 30 millones a razón de 30 dólares por billetera; 23 millones en infraestructura y cajeros; 107 millones en compra de Bitcoin, más todo lo gastado en una multimillonaria promoción, atención a delegaciones, infraestructura, operación de minado y costos de seguridad. A estas pérdidas debe agregarse la depreciación de la calificación del riesgo ante organismos financieros internacionales que ven con profunda desconfianza los tumbos de una administración sin rumbo.

Ciertamente las pérdidas no han sido para todos, algunos “hicieron su agosto” sacando jugosas ganancias del erario público, sin procesos de licitación, entre ellos, los desarrolladores de tecnología y de la billetera “Chivo Wallet”, las empresas que construyeron la infraestructura en espacios públicos, los call centers, los proveedores de equipos y operación de cajeros automáticos, los “brokers” de la compra de Bitcoin y las transferencias internacionales; sumándole las huestes de “gorrones” que vinieron a aplaudir y a modelar las supuestas bondades, mientras se atiborraban de copiosas cenas, estridentes concentraciones, lúdicas recepciones y el “safari” helitransportado. Por supuesto, las mayores ganancias las estarán logrando los lavadores de capitales, mientras el pueblo solo carga las pérdidas y un hospital para mascotas que también se pagó con impuestos, al parecer. La errática soberbia gubernamental impuso el Bitcoin como moneda de curso legal sin realizar estudios técnicos, sin escuchar a organismos financieros internacionales; en contravención a tratados suscritos en materia financiera y comercial, y sin considerar la inminente descalificación del país por el alto grado de riesgo que terminó arrinconando en la esquina al Estado salvadoreño; con la vergonzosa primicia de lucir las orejas del burro ante la comunidad internacional por un proyecto advertidamente condenado al fracaso. La población fue aplastante, propiciando un acto generalizado de desobediencia civil en el que el 78% ha rechazado contundentemente el uso del Bitcoin como moneda de curso legal.

La idea original de los creadores fue montarse en la cultura popular haciendo de la frase “Chivo” la representación de algo agradable, sin embargo, tras el fracaso del Bitcoin abundan los “memes” y caricaturas burlonas con la famélica imagen de un desgraciado artiodáctilo (chivo) en precarias condiciones, reflejo de la maltrecha billetera (Chivo Wallet), una herramienta digital muy mal desarrollada que se ha granjeado innumerables críticas por las recurrentes fallas en su operatividad y la indolencia de sus administradores, agregando una mayor desconfianza que pone en relieve el rotundo fracaso de la política económica de este gobierno. Al fracaso del bitcoin se suma el descalabro de la precaria institucionalidad y frágil democracia, se agregan graves violaciones a los Derechos Humanos ante la imposición de un prolongado Régimen de Excepción y la amenaza de una nueva ruptura constitucional por la reelección presidencial. Creo que estas son razones suficientes para marchar este 15 de septiembre hacia la conformación de un Frente Amplio que sintetice la recuperación democrática e institucional del rumbo del país.