“Art.75. Pierden los derechos de ciudadano: 4º. Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin...”
“Art.88.La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección.”
“Art.248 ...No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno...”
Desde la instauración de la República en 1841, después del fracasado intento de construir la patria grande de la Unión Centroamericana, con la que soñó Francisco Morazán, han transcurrido 181 años, en los que constituyentes de 8 diferentes constituciones lograron recoger y acuñar el férreo principio de alternancia en el ejercicio de gobierno mediante la NO REELECCIÓN como norma de convivencia democrática. De esta forma, a lo largo de la atropellada historia, nuestra Carta Magna pudo contener en diferentes episodios la avaricia y sed de poder por extender el mandato que pretendían algunos gobernantes.
En esta ocasión Bukele, que no asistió a los actos cívicos, esperó agazapado en la oscuridad del 15 de septiembre, preparándose para lanzar con el anochecer su artera dentellada de reelegirse en la presidencia, más allá del claro impedimento constitucional que el mismo había reconocido públicamente en diversas oportunidades. De aquel torcido debate que creíamos olvidado y permanecía enterrado junto a los huesos y enfermizas ambiciones del dictador Maximiliano Hernández Martínez, Bukele logró tortuosamente remover las lápidas para darle nauseabunda vida a la inconstitucionalidad, ratificando su execrable naturaleza de dictador.
La enfermiza pretensión de Bukele para perpetuarse en el poder, inició cuando demolió la independencia entre los poderes del Estado derribando la Sala de lo Constitucional legítimamente electa, para colocar en su lugar a obedientes usurpadores que le allanaran el camino de la reelección con el asalto a la Fiscalía General de la República imponiendo un fiscal dócil sometido a los caprichos del gobernante e incapaz de defender los intereses del Estado, así como la intimidación de la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, máxima instancia en materia electoral, de la que hoy dependerá la inscripción para la reelección presidencial.
El dictador Hernández Martínez forzó el cambio constitucional para reelegirse, pero su ambición lo hizo perder de vista la profunda crisis de 1944 derivada del contexto de la Segunda Guerra Mundial que incubó una profunda debacle global que arrastró al país; además, no pudo cambiar el indomable espíritu de los salvadoreños conscientes que supieron organizarse y acumular la fuerza y energía suficiente para aprovechar las condiciones internas y externas que permitieron lograr el alzamiento popular que terminó obligando a la caída del dictador. Hoy también crece la amenaza de una profunda crisis global empujada por las secuelas de recurrentes pandemias, el interminable conflicto bélico en Europa del Este, la creciente crisis energética y del comercio mundial que enchufa con los problemas nacionales. Una inmanejable deuda externa, medidas erráticas de la administración Bukele -como la imposición del Bitcoin-, la crisis humanitaria por la violencia que ejerce el Estado a través el régimen de Excepción, la pérdida de capacidades productivas, decrecimiento del desempleo y del inalcanzable costo de la canasta básica de alimentos que empujan a una mayor pobreza, vuelve absurda la pretensión de reelección.
La respuesta social de contundente rechazo a la reelección presidencial fue la marcha del 15 de septiembre, una señal de esperanza para buscar la unidad de las fuerzas democráticas, políticas y sociales. Esta movilización dio una elevada muestra de conciencia antepuesta al show mediático con que el régimen manipuló las fiestas cívicas; una operación combinada de cerco a la capital con retenes de bloqueo, entrelazados con la amenaza para que ningún transportista de buses movilizara marchantes. Una escena, justo en la frontera del Parque Cuscatlán, se pudo apreciar claramente dos proyectos: uno guerrerista con medios de guerra -aviones, helicópteros, blindados y armamento sofisticado- empujando la reelección y otro de resistencia y en lucha por la instauración de una real institucionalidad democrática y de combate a la corrupción.