Con la clausura de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe cierra un importante ciclo para evaluar a fondo los progresos, estancamientos y retrocesos del deporte olímpico nacional y su contribución a la excelencia deportiva, salud física, mental y el aporte a la cohesión social como asuntos de interés nacional. Los resultados de la justa permiten dimensionar el rendimiento de nuestros deportistas, el decidido apoyo de sus familias, que con mucho sacrificio acompañaron paso a paso las victorias y frustraciones de los competidores. Mientras, en lo que corresponde, evaluar al Gobierno y sus políticas públicas en materia deportiva. El balance debe ser riguroso, poniendo sobre la mesa el estado de cada una de más de treinta disciplinas deportivas y la evaluación de cada una de las federaciones. También debe escucharse la opinión de los propios deportistas y sus familias y de igual manera los medios de comunicación y periodistas deportivos deben traslucir la opinión pública.

El impacto social de esta competencia deportiva, más allá de la parafernalia mediática gubernamental, fue limitado, debido a las circunstancias políticas, económicas y sociales. Además, ocurre en el contexto de un prolongado régimen de excepción que restringe derechos constitucionales; viola sistemáticamente derechos humanos; empuja el desesperado clamor de decenas de miles de familiares agrupados en MOVIR (Movimiento de Víctimas del Régimen) que demandan libertad para sus familiares injustamente encarcelados, sin derecho a visitas, atención médica o jurídica, y de paradero penitenciario desconocido, pero en ya conocidas paupérrimas condiciones carcelarias. Todo, cubierto por la sombra del asesinato de alrededor de ciento veinte prisioneros, denunciada por Naciones Unidas como ejecuciones extrajudiciales. De hecho, investigaciones periodísticas y procesos judiciales contra agentes penitenciarios establecieron que una visita por los canales corruptos puede costar entre dos y diez mil dólares, que solo pueden pagar algunos acusados por delitos de narcotráfico.

Dos realidades destacaron tras la formidable cobertura mediática de cada competencia deportiva. Primero, el alto espíritu de competencia, tesón y alegría por nuevas marcas y merecidas medallas, aunque con la consabida frustración por resultados insuficientes que ameritan, además de un mayor esfuerzo individual y federado, un trabajo gubernamental mejor articulado. Mientras, en la otra realidad, fuera del foco de luces y cámaras, en el inframundo de una tragedia acumulada, miles de familias deambulan angustiadas, pero decididas en buscar hasta encontrar a sus familiares desaparecidos en el laberinto de un suelo plagado de cementerios clandestinos, que hoy incluye la sospecha sobre los mismos centros penitenciarios; y ante la indiferente, fría y desinteresada actitud de opacas instituciones gubernamentales, más interesadas en certámenes deportivos, Miss Universo, satélites, Ciudad Bitcoin y otros proyectos imaginarios para distraer a la opinión pública.

Al formidable colorido y escenografía de la fastuosa inauguración de estos juegos, debe agregarse el entusiasta desfile de jóvenes y animados atletas de cada uno de los países competidores, y la destacada actuación del artista estadounidense de música dance electrónica Christopher Comstock, mejor conocido como Marshmello, uno de los artistas mejor cotizados en el mundo y del que las revistas especializadas dicen que cada show ronda los quinientos mil dólares. En la otra cara de la moneda, este gasto contrasta con la grave situación de una economía estancada, que en el primer trimestre apenas llegó al 0.8%, mientras las exportaciones cayeron un 7.2%, y el PIB apenas se movió un 0.5%. Este preocupante panorama de estancamiento económico contrasta con lo publicado por la revista Estrategia y Negocios que recoge importante información sobre el monto gastado por el Gobierno en estos Juegos Centroamericanos: doscientos treinta millones de dólares, de los cuales gastaron 70 en organización, 130 en infraestructura y equipamiento de escenarios y 30 en La Villa Centroamericana en la Universidad de El Salvador.

Nuevamente la falta de transparencia del Gobierno de Bukele en millonarios contratos sobre fondos públicos sale a flote, tras una sólida investigación periodística de la Revista Factum, en la que se revela cómo una empresa mexicana, sin cumplir requisitos exigidos de ley, le fueron adjudicados 55 millones de dólares, de los que se desconoce el contenido del contrato. Solo están algunas obras, que en muchos casos quedaron inconclusas y que habrían servido de infraestructura en el marco de los Juegos Centroamericanos. Una situación parecida ha ocurrido con un millonario contrato para el servicio de alimentos, en detrimento de empresas nacionales y del erario público.

¿Quiénes son los ganadores de los Juegos Centroamericanos ?