Mientras las personas migrantes contribuyen con el desarrollo de sus países de origen, a través del envío de remesas, la transferencia de conocimientos y la promoción del emprendimiento, en muchos casos son víctimas de la pérdida de sus derechos políticos. Distintos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la Carta Democrática Interamericana, garantizan el derecho de las personas a participar en los asuntos políticos de sus países a través del sufragio. Sin embargo, una gran parte de las personas lo pierden cuando migran. Si bien algunos Estados han avanzado en su protección, garantizando el voto de los residentes en el exterior (121 países a nivel mundial, 16 en América Latina), e incluso que tengan representación en los congresos (circunscripciones en el exterior), lo cierto es que en muchos casos esta prerrogativa no se puede poner en práctica por distintas razones.
La primera barrera es la legal, es decir, si se garantiza o no el voto de las personas nacidas en el país cuando residen en otra jurisdicción. En caso de que sí esté previsto, se tiene que analizar qué condiciones se imponen a las personas migrantes para hacer uso de este derecho. Por ejemplo, en algunos casos se exige que estén regularizadas en el país receptor, lo que puede ser un impedimento para quienes migran por razones de emergencia humanitaria. Además de estas barreras legales, están las materiales: Algunos países garantizan el voto de los migrantes, pero estos deben trasladarse a los consulados, que normalmente están situados en las capitales, de manera que una gran cantidad de personas, si bien legalmente están habilitadas para votar desde el exterior, materialmente no pueden.
Si el derecho no viene acompañado de medidas que permitan ejercerlo, como facilitar el sufragio a través de modalidades como el voto postal o el voto electrónico no presencial, la legislación queda en letra muerta. Es por ello que consideramos oportuno revisar algunas experiencias de incorporación de tecnología en la emisión del voto para facilitar la participación de las personas migrantes en los asuntos políticos de sus países de origen. Quizá el caso más emblemático de voto electrónico sea el de Estonia. Desde 2005 el electorado puede emitir su voto en línea. En aquella ocasión, solo el 2% de los votantes eligieron esta modalidad, que ha aumentado de manera exponencial hasta alcanzar el 47% en las elecciones locales de 2021. Alrededor del 5% de los votos de los últimos procesos electorales se han emitido en línea desde el exterior, constituyendo una herramienta fundamental para el ejercicio de los derechos políticos de las personas que se encuentran fuera del país. Esta solución tecnológica no solo ha incrementado la participación ciudadana, sino que de acuerdo a un estudio de la Universidad Tecnológica de Tallin (Estonia), un voto por internet puede costar 10 veces menos que un voto emitido por adelantado en un centro de votación.
En nuestra región tenemos algunos casos de voto en línea desde el exterior. Panamá aprobó en 2019 la implementación del voto adelantado por internet para los residentes en el extranjero, lo que impactó positivamente en la participación, que se incrementó en un 52 % con respecto a las elecciones anteriores. El año pasado México aprobó la modalidad de voto telemático, permitiendo a sus ciudadanos en el extranjero emitir su voluntad a través de Internet. En aquella ocasión se empadronaron para votar desde el exterior 32.303 personas, de las cuales 21.585 (66.82%.) usaron la modalidad de voto en línea.
Por su parte, países como Ecuador y El Salvador avanzan en la implementación del voto por internet para garantizar los derechos políticos de sus diásporas. La Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un anteproyecto de “Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero” que permitiría a los salvadoreños en el exterior ejercer su derecho al sufragio remoto a través de Internet en 2024.
Los movimientos migratorios lejos de atenuarse, se profundizan. Ya no se trata solo de las crisis económicas y sociales que históricamente han impulsado a las personas a buscar oportunidades en otros lugares, sino que la pandemia ha consolidado un modelo de trabajo remoto para un gran número de actividades económicas, promoviendo fenómenos como los “nómadas digitales”, quienes se ven seducidos por las facilidades legales que ofrecen algunos países para recibirlos y de esa manera dinamizar sus economías. Por lo tanto, es fundamental que tanto los organismos electorales como los congresos empiecen a trabajar en modalidades que no solo garanticen legalmente el ejercicio de los derechos políticos de la diáspora, sino que también tomen medidas concretas para que puedan efectivamente ejercerlos.