El Salvador, no ha dejado de estar bajo ataques pandilleriles dado que han continuado llevando luto, zozobra y extorsión, tanto así que decidieron incrementar el número de asesinatos el fin de semana pasado, en la que aproximadamente 70 salvadoreños perdieron la vida, y no es para menos, ya que no se trata de tomates, sino de seres humanos que dejaron de existir, por el amor al dinero y la avaricia que ahora gobierna este mundo.

Ante este escenario tan atroz e inhumano, solo nos queda elevar una oración al Señor Jesucristo para que fortalezca a cada madre y padre de familia que ahora tiene luto y desconsuelo por la pérdida de un hijo o hija y dar una palabra de aliento en medio de tanto dolor. En Mateo 11:28-30, dicen las escrituras: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”.

Es evidente que tenemos décadas de vivir una descomposición social profunda en la que se ha perdido el amor por la vida, y se han sobre puesto los intereses políticos y económicos, por encima de la vida, es decir que las pandillas aprendieron a extorsionar al Estado, desde el año 2012.

Desde entonces el lenguaje de las pandillas se movió al ámbito político, mediante el aumento o disminución de asesinatos, de esta manera demuestran que están sobre el poder legítimamente constituido, para obligar a los funcionarios públicos a que sienten con ellos y les den privilegios en las cárceles, para ampliar así las redes de influencia, controlar los territorios, acumular armas y poder.

Es así como diferentes investigaciones periodísticas han arribado a la conclusión que los últimos tres gobiernos han coexistido con las pandillas, incluso han construido acuerdos bajo la mesa que se desconoce el intercambio de beneficios. Ante ello surgió el Plan Control Territorial, como la medicina al combate pandilleril, el cual dio un resultado extraordinario desde su implementación, sin embargo no se sabe mucho de cómo funciona, no se conocen los planes de implementación, ni las mediciones de su eficacia, solo sabemos que se han ejecutada la III Fase, los recursos que se le asignan anualmente del presupuesto general de la nación, pero no se conoce nada mas de ello, pero muy a pesar de que el Gobierno tiene a su disposición todos los recursos para el combate a las pandillas, el apoyo de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia y el apoyo incondicional de la Fiscalía.

Aun así, las pandillas continúan utilizando el lenguaje político, para hacer oír sus demandas, mediante el aumento de asesinatos, entonces surgen las siguientes preguntas ¿que ha salido mal? ¿Porque la aprobación de un Régimen de Excepción, si el Plan Control Territorial es un éxito? ¿Será que las pandillas nunca se sacian de recibir beneficios? ¿Acaso quieren la garantía que no será extraditado ningún pandillero a los Estados Unidos? Estas preguntas deben hacerse independientemente si algún ciudadano apoya o no al gobierno central. Digo lo anterior porque hay una negativa de parte del Estado de El Salvador a extraditar a dos cabecillas pandilleriles hacia los Estados Unidos, a pesar de que se tiene un tratado vigente que data de principios del siglo XX.

De manera que con la aprobación del Régimen de Excepción, los salvadoreños deben de tener bien claro que los únicos que tendrán derechos son los funcionarios públicos, dado que el resto de ciudadanos estarán expuestos a la discrecionalidad de las soldados y policías, de tal suerte que si un policía ve algún joven que viene de trabajar en el transporte colectivo y posea algún tatuaje decorativo y por ello lo considera delincuente, es posible que se lo lleve detenido ¿o qué pasa si algún ciudadano se ve envuelto en algún problema de orden legal, sin que tenga como hábito el cometer delito? por esta razón podría ser llevado detenido hasta 15 días. Peor aun, no tendrá derecho a una defensa legitima en este periodo, igual podría ocurrir con aquellos periodistas de investigación u opositores, que son activos en su libertad de expresión, ahora el Gobierno tendrá luz verde para leer la correspondencia y comunicación de cada uno de ellos, y si a criterio de la autoridad están conspirando, podría terminar en la cárcel sin ser asistido por un abogado, y es esto lo que al final preocupa de cómo se usa el poder para favorecer intereses políticos.