La falta de atención a la aflictiva situación de estas por parte de las ahora lánguidas agrupaciones partidistas que dominaron el escenario electorero durante las casi tres décadas de la posguerra, sobre todo en lo que toca a su seguridad y su economía familiar, nos tiene hoy transitando por un tremebundo momento histórico. También pesó para ello ‒-y mucho- la corrupción que carcomió sus desgobiernos; esta se descubrió por los avances, aunque fuese a regañadientes, en el destape de información pública valiosa y de la mano con cierto asomo de transparencia. Lo que sí respetaron aceptablemente fueron los resultados de los comicios realizados a partir de 1994; en su mayoría, estos no fueron cuestionados severamente.
Tal escenario de mejoría en relación con lo sucedido en elecciones pasadas –principalmente las presidenciales de 1972 y 1977– fue el que le permitió a Bukele llegar democráticamente al poder que utilizó, a lo largo de cinco años, para desmontar lo avanzado. No detallaré lo tramposo que ha sido –se sabe suficiente al respecto– ni me referiré al daño que le está causando y le causará a El Salvador. Eso sí, hay que decirlo: el “país soñado”, el “más seguro del universo”, el de los “eventos masivos” con “luces espectaculares” y “obras fastuosas” que ahora aplaude mucha gente dentro y fuera del mismo, más adelante se revelará como lo que realmente es: tierra de pesadillas extendidas en las profundidades del hambre y otras carencias esenciales que sufren sus mayorías populares, como parte de la pobreza y las injustas desigualdades sociales que las agobian.
El diagnóstico de la actual etapa de una de las enfermedades terminales que padecemos desde hace un rato -“frauditis aguda avanzada”– y empeorada con las votaciones amañadas del día D, ha sido redactado por cuatro valientes integrantes del Tribunal Supremo Electoral: tres magistradas y un magistrado suplentes. Dicho diagnóstico, dirigido a sus colegas titulares del organismo colegiado -fechado el reciente domingo 11 de febrero- es más o menos este: tales comicios fueron atacados por la bacteria de sus “decisiones y actuaciones” que no han “sido emanadas en forma legal y correcta” desde el pleno; también por el virus de sus “declaraciones” brindadas y “compromisos” asumidos ilegal o “unilateralmente”. El acta de defunción de nuestra desahuciada democracia, deberá redactarse el sábado 1 de junio que está por venir; su misa de réquiem, luego.
La muerte que ya se materializó y ahora denunciamos, oficialmente ocurrida hace una semana, es la de Alejandro Muyshondt. Mientras no se demuestre lo contrario y más allá de su controversial figura como asesor presidencial de seguridad nacional, entre otros pasajes de su vida, estamos en presencia de un crimen de Estado. La historia de la caída en desgracia del citado personaje, tras haber tenido aparentemente una gran cercanía con Bukele, sucedió después de que denunciara casos de putrefacción gubernamental; luego pasó a ser prisionero del régimen y desaparecido por este, hasta que se divulgó su fatal final.
Pensaba incluir otra defunción: la de la autonomía de la Universidad de El Salvador. Pero no. Sus instalaciones albergarían personas vinculadas con el conteo de votos; sin embargo, el partido Nuevas Ideas ‒con el presidente del mismo y además primo de Bukele a la cabeza‒ las ocupó para realizar “actividades de proselitismo político”. Así se lee en el comunicado emitido por su rectorado. Déjenme interpretar este reclamo como señal de un posible resurgir institucional y de esperanza para el país; de asomo de rebeldía universitaria. Pero ante los otros dos episodios resumidos previamente, a todas luces repulsivos y repudiables, permítanme traer a cuenta una de las sentencias incluidas en el Réquiem de Mozart: “El juez pues, cuando se siente, todo lo oculto saldrá a la luz. Nada quedará impune”.