No es algo nuevo que El Salvador, al igual que el resto de la región centroamericana, por su ubicación y geografía es una zona con múltiples amenazas naturales y climáticas, tampoco es desconocido que esa vulnerabilidad se intensifica por factores bajo el control humano como como la deforestación, contaminación y deterioro ambiental; el crecimiento urbano desordenado y sin planificación; el aumento de la pobreza y desigualdad; la deficiente infraestructura pública, y, por supuesto, por una inadecuada gestión del riesgo por las autoridades gubernamentales.
A la fecha las respuestas institucionales y de política pública han tenido un carácter reactivo y reduccionista frente a situaciones de emergencias provocadas por eventos climatológicos extremos, centrado en la atención ex post de las poblaciones afectadas y en la reconstrucción, algo necesario pero insuficiente frente a la magnitud del problema y los escenarios futuros. Todo apunta a que como consecuencia del cambio climático la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos se incrementarán, por lo que desde hace varios años se ha venido insistiendo que los gobiernos deben avanzar en la implementación de actividades de prevención, preparación y gestión de desastres, así como estrategia de adaptación al cambio climático, que ayuden a proteger a las personas y sus medios de vida, así como a reducir no solo las pérdidas humanas, sino también las económicas.
A nivel nacional se había logrado avanzar significativamente con un Sistema de Protección Civil que había logrado la implementación de programas de prevención de riesgos a nivel comunitario, así como una articulación y coordinación interinstitucional que permitía dar una respuesta rápida las emergencias por lluvias, sin embargo, con la actual administración esos esfuerzos fueron abandonados, dejando nuevamente espacios para la improvisación.
La respuesta del Estado frente a la vulnerabilidad exige que la dimensión climática y ambiental estén al centro de los procesos de tomas de decisiones de política pública y de cualquier estrategia de crecimiento económico y desarrollo. El contexto salvadoreño requiere de políticas públicas integrales que contemplen la implementación de planes de respuesta y protocolos de emergencia para hacer frente a fenómenos climáticos extremos, medidas que promuevan sistemas de alerta temprana que proporcionen información y advertencias a la población, particularmente a las que habitan en zonas vulnerables, con anticipación.
También se requiere establecer políticas y regulaciones que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales, contribuyan a reducir la deforestación y la contaminación, y promuevan prácticas resilientes y sostenibles en sectores claves como la construcción, infraestructura y energía.
Por supuesto la respuesta estatal a eventos climáticos extremos también debe considerar la dimensión fisca, asignando recursos para la atención de emergencias y el financiamiento de procesos de recuperación y reconstrucción, pero también para financiar estrategias de prevención, adaptación y reducción de la vulnerabilidad. Y por supuesto, se requiere que esos recursos sean ejecutados bajo controles de transparencia y rendición de cuentas adecuados que eviten que una emergencia se convierta en oportunidad para funcionarios corruptos para malversar recursos públicos.
Los desafíos climáticos y ambientales actuales requieren que las instancias del Estado asuman un rol protagónico en la conducción de los procesos orientados a la gestión del riesgo, reducción de la vulnerabilidad y promoción de un desarrollo compatible con la realidad socioambiental del país. La actual administración debe comprender que ese liderazgo se refleja en las medidas de política pública que adopte y no en fotos y videos propagandísticas de diputados en plenaria a medianoche, de ministros participando en labores de evacuación o de un presidente bajando de un jet.