Ese mismo día cuatro de febrero el voto exterior tendrá otra variante: el voto electrónico presencial desde 69 ciudades en 29 países que concentran buena parte de nuestra diáspora; serán 81 centros de votación habilitados con 1168 máquinas de votación. Bajo esta modalidad tendrán derecho al voto 159,383 salvadoreños residentes en el exterior, con DUI emitido en el exterior, pero con dirección de El Salvador. Esta modalidad se desnaturalizó al incluir en la ley electores identificados mediante pasaporte salvadoreño vigente o vencido, sin importar la antigüedad o condición física del documento. También podrán votar salvadoreños que se encuentren en tránsito por esas ciudades y se identifiquen con el DUI.
Facilitar el derecho al voto de los salvadoreños residentes en el exterior suena como un gran paso al garantizar una parte de sus derechos políticos. Sin embargo hay muchos componentes oscuros en el diseño de una Ley elaborada con premura, con muchas fallas técnicas, sin consenso. El mismo TSE y La Junta de Vigilancia Electoral no fueron consultados sobre el diseño de la norma, tampoco los partidos políticos de oposición con representación legislativa; mucho menos las organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas democráticos y electorales. El gobierno y su bancada nunca buscaron apoyo en los organismos internacionales para el diseño técnico de la reforma, o el acompañamiento en la ejecución, tampoco incluyeron mecanismos de observación internacional; tan siquiera se han divulgado auditorias que demuestren transparencia.
Una de las mayores “cárcavas” del voto en el exterior es la ausencia de un registro electoral auditable (art. 77 constitucional), es imposible hacer “match” entre la base de datos de DUI emitidos en el exterior, y los ocho millones de pasaportes vigentes y vencidos de cualquier antigüedad y condición física remitidos por la Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio de Relaciones Exteriores al TSE, desconociéndose bajo qué procedimientos el TSE habilitó 965,078 pasaportes para votar; de estos solo 538,186 pertenecen a personas individualizadas; la inclusión de esta base de datos podría prestarse para dobles votos.
No hay auditorías al RNPN sobre la emisión de DUI en el exterior para esclarecer la presunción de cómo miles de documentos pudieron tramitarse sin mayor respaldo que el de copias de partidas de nacimiento. Así el numero de DUI emitidos en el exterior pasó vertiginosamente de 350,638 al inicio del gobierno de Bukele en 2019, a 741,094 en diciembre de 2023; coincidiendo con la manera injustificada y arbitraria del traslado del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), de la jurisdicción del TSE, pasando bajo control del Ministerio de Seguridad (reforma del 14 de junio de 2022).
Buscando la febril reelección a como dé lugar, sacando votos de donde sea, Bukele vio en la diáspora un mercado electoral al que puede “apantallar” con intangibles publicitarios como Ciudad Bitcoin, Surf City, coloridos Juegos Centroamericanos, La Biblioteca, el glamour de Miss Universo, o el vuelo del tren del Pacífico. Apuntalando la ilusión sobre la patria reivindicada y el retorno emocional al país abandonado; hoy mediáticamente proyectado como el más seguro del universo, y la burbuja turística de América Latina. En la realidad interna, llegó la media noche en que la carroza se convirtió en calabaza, y los flamantes diputados en ratones; la consiguiente pérdida de votos debido a desatinos económicos que dispararon el costo de la vida multiplicaron la pobreza; se impuso la represión, rebalsan graves violaciones a Derechos Humanos, se expande la opacidad, hace metástasis la corrupción y crece la negligencia gubernamental desde el simbólico Hospital Rosales.