Como en todo montaje, cada flor en los escenarios está calculada, hasta el difícil detalle de competir con la imagen y el ajustado uniforme de Zelensky. Agraciados y cadenciosos pasos de toda una estrategia propagandística con la que pretenden imponer la reelección presidencial; la extorsión pasó de la renta de las pandillas a la de un Régimen de Excepción que tiene por origen un pacto con grupos criminales y que ofrece a cambio de arrancar votos un ambiente controlado de seguridad y cuya única finalidad es la continuidad del régimen autoritario.
A seis meses de abandonar la presidencia para concentrarse en la campaña electoral y consumar otra ruptura constitucional, esta vez por la imposición de la reelección, Bukele sigue sin proponer soluciones a los principales problemas estructurales de raíz económica y social que saquen al país del rezago regional. Concluyendo su mandato esta administración nunca contó con un Plan de Gobierno en los términos que establece el Art. 167 inc. 2 de La Constitución que ordena al Consejo de Ministros, conducido bajo responsabilidad del presidente, a “elaborar el plan general de gobierno”, instrumento necesario para enrumbar el destino nacional.
Esta falta de planes y rumbo se han vuelto endémicos en el estilo improvisado de gobernar de esta administración, tal como se puso al descubierto por la valiente denuncia del concejal de la capital Héctor Silva sobre el injustificable y oneroso contrato para el fracasado proyecto del Mercado Cuscatlán. Este arreglo realizado durante la administración Bukele, como alcalde de San Salvador, se basó en el alquiler con promesa de venta por 25 años de un inmueble, que estando valorado en apenas $800 mil dólares, los capitalinos pagarán por él $28,9 millones de dólares.
De nuevo, y sin planificación ni estudios que den soporte, el régimen de Bukele impone otro paquete tributario encubierto en multas de tránsito de hasta $150.00 dólares por falta, bajo el supuesto de corregir la complejidad del problema vial, donde además de abusos y malas prácticas de conductores, confluyen otros elementos como: no existe un plan integral que aborde la problemática de un sistema vial colapsado, con una capacidad limitada a medio millón de vehículos pero sobrepasada en más de un millón de automotores; no hay una estrategia de descentralización y ordenamiento que alivie el hacinamiento vial y humano; se carece de una estrategia para mejorar la calidad y organización del transporte público que permita reducir el uso de vehículos privados, y no hay obras de infraestructura para ofrecer estacionamientos accesibles.
Esta práctica del régimen, de cirugía con hacha y sin anestesia que pretende contener los problemas sociales, se ha propuesto expulsar a miles de vendedores de las calles en la capital, mientras el 62% de la economía crece en la informalidad. Históricamente se ha comprobado que el comercio gira en torno a los principales ejes y rutas del transporte público; por lo tanto, sin una reforma integral del transporte, no es viable encerrar so amenaza de aplicación del Régimen de Excepción a estos vendedores en mercados no funcionales y aislados, de renta costosa, sin la capacidad de alojar la multitudinaria demanda de puestos de venta es solo una medida de ordenamiento forzado, que no corresponde a una planeación estratégica consensuada cuya única finalidad es esconder la pobreza para vender una imagen artificial que no corresponde con la realidad.
No es sostenible ni sustentable la estrategia de contención a la crisis sin proponer y consensuar soluciones reales a los problemas sociales y económicos de fondo. Así como es insostenible detener a cien mil compatriotas mediante el Régimen de Excepción sin un debido proceso y sin el respeto a los más elementales Derechos Humanos, tampoco se va a resolver la crisis vehicular y de transporte con imposiciones tributarias, ni se va a formalizar la economía encerrando a los vendedores en lúgubres mercados fuera del foco del comercio, ni se bancariza a la ciudadanía dándole $30.00 para una cuenta de la Chivo.