Apenas unos días antes, el 30 de marzo, en la colonia Santa Elena del cantón Chancuyo de Ahuachapán, Emelina del Carmen Girón fue asesinada de nueve disparos efectuados por su esposo el agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Marcial Ernesto Zepeda, quien tras cometer el feminicidio decidió suicidarse con la misma arma homicida.
El domingo 16 del mes en curso en la colonia Bosques del Río del cantón El Zunza de Atiquizaya, Ahuachapán, María Eugenia Herrarte, de 57 años, fue asesinada junto a su compañero de vida Juan Francisco Zarceño, de 56. El responsable de dicho doble homicidio habría sido Edwin Flores Ramos, que tras una discusión habría matado a la pareja con un arma blanca. El sospechoso ya fue capturado.
Al otro extremo del país, en el departamento de La Unión, en plena Semana Santa, se registraron dos feminicidios. La noche del Miércoles Santo, en Yucuaiquín, José Alexander Medrano fue capturado como principal sospechoso de la muerte de su esposa Miriam Elizabeth de Medrano, a quien habría ultimado con arma blanca. Un día antes, Kenia Nohemí Cruz fue asesinada y por el hecho fue detenido su compañero de vida José Francisco Mejía Araniva, quien habría contado con la colaboración de dos sujetos, que ya fueron aprehendidos. Al parecer el principal imputado disparó a su mujer, luego de haberla golpeado.
Afortunadamente los feminicidios ya no prescriben en El Salvador, desde que los diputados de la Asamblea Legislativa hicieron esa reforma en febrero pasado y en la que prohibieron la prescripción de este delito. “El feminicidio es la expresión más extrema e irreversible de la violencia contra las mujeres. Y es radicalmente opuesto a todos los derechos y garantías establecidos en las legislaciones internacionales y nacionales”, dice la reforma aprobada por el voto de 76 diputados.
Aunque en cuatro de los cinco casos descritos ya hay sospechosos detenidos (en el quinto caso se suicidó), las investigaciones deben ser profundas, para confirmar la culpabilidad de los principales sospechosos. Por ahora son inocentes, pero si se corrobora con prueba científica y pericial que ellos son los autores de tales abominables crímenes, pues entonces que se les aplique todo el peso de la ley y que se les condene a los 50 años de prisión que contempla nuestra legislación como pena máxima por un feminicidio.
Por supuesto toda muerte provocada de manera violenta es repudiable y condenable. Más aún si la víctima es un niño de cinco años, tal como ocurrió en San Francisco Menéndez, donde el pequeño fue asesinado junto a su madre embarazada. Los homicidios en general tampoco deberían de prescribir. Matar a un niño (a) debe tener una pena mucho mayor que la actualmente establecida.
El Régimen de Excepción ha permitido al país disminuir los homicidios a niveles muy bajos, aunque lo ideal debería ser cero homicidios, como ocurre en otras naciones. Recuerdo que allá por el año 2000 un ciudadano islandés fue asesinado en un salto en el occidente del país. Ese año hubo alarma en Islandia porque en esa isla de más de 300 mil habitantes, el promedio de asesinatos es de dos al año. Y uno de los dos homicidios de ese año había ocurrido en un país centroamericano que los islandeses no sabían ubicar en el mapamundi. Algún día, Dios mediante, llegaremos a tener niveles ínfimos de muertes violentas. Por ahora los asesinatos en nuestra nación han bajado considerablemente, porque los pandilleros que los ocasionaban guardan prisión. En el ambiente salvadoreño se siente tranquilidad y confianza. Cualquiera puede ir al sitio que desee teniendo la garantía de estar seguro.
Sin embargo, es preocupante que todavía ocurran feminicidios con demasiada frecuencia. A veces motivados por el alcohol, los celos enfermizos, el machismo, la intolerancia y otras situaciones que se salen del control. Pienso que muchos feminicidios pueden evitarse si hay denuncia a tiempo en casos de violencia intrafamiliar y otros delitos como las amenazas y expresiones de violencia contra la mujer. Ninguna mujer debe quedarse callada y al sentirse agredida debe acudir a demandar. Instituciones como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, el Órgano Judicial, la Procuraduría General de la República, incluso las unidades de género de las alcaldías y muchas organizaciones no gubernamentales están obligadas a recibir denuncias y darles proceso con la celeridad debida. Muchas instituciones tienen unidades especializadas para atender este tipo denuncias. No hay razones para no denunciar cualquier atisbo de violencia contras las mujeres.
Una denuncia a tiempo puede evitar un fatal feminicidio y sus gravísimas secuelas. Con seguridad que un feminicidio trae consigo dolor, orfandad, angustia, rencor, odio, depresión y una serie de consecuencias difíciles de superar. Más bien, imposibles de superar.
Por sus familias, por su dignidad, por sus valores como seres humanos, por su igualdad de condiciones, por justicia, por amor a sus hijos, por fe, por convicción, por sus derechos, por sus propias vidas, no se queden sin denunciar cuando se sientan agredidas. Una agresión de cualquier tipo puede ser el principio de un final horrendo: Un feminicidio.