De la promesa al hecho, hay un gran trecho. De 60 meses que dura la gestión, el gobierno ya quemó 40 de mandato. De acuerdo a datos de la Digestyc, publicados por “El Economista”, el desempleo y subempleo se sitúan en 47.5%; con una demanda de crecimiento de 54,000 nuevas plazas laborales por año. Se requiere por tanto un crecimiento económico de, al menos, 6% anual para satisfacer la demanda de esta nueva disponibilidad laboral, una meta muy difícil de alcanzar cuando el pronóstico optimista de la CEPAL coloca el crecimiento salvadoreño en 2.5%, siendo la tasa de crecimiento económico más baja de Centroamérica, y registrada en 2016.
La deuda pública, lejos de reducirse, ha sido sustancialmente incrementada durante la gestión de Bukele debido a una desordenada y expansiva política de gasto de corte populista, que no avanza en sintonía con los compromisos de desarrollo 2030 de Naciones Unidas. Esta deuda alcanza más de $24,600 millones hasta el primer trimestre del año, situándose en la alarmante cifra del 85.6% del PIB, con una fuerte tendencia a un mayor endeudamiento por falta de recursos para cubrir el presupuesto nacional debido a la reducción de la inversión extranjera y siendo la menor inversión en la región centroamericana debido a la falta de confianza por la deriva autoritaria del régimen de Bukele.
A un año y ocho meses del final de la gestión de Bukele, fue incapaz de presentar la reforma de pensiones pomposamente ofertada; son desastrosos los efectos sociales en la situación que padecen 12,950 docentes que, habiendo cumplido los requisitos, se ven imposibilitados para jubilarse porque de un salario promedio de $908 solo recibirán una miserable pensión de $275, en una sociedad donde, además, el 67.4% carece de seguridad social y demanda inclusión. Para colmo, la inflación hasta septiembre alcanzó el 7.5%, del que la canasta básica se lleva la peor parte con el 9.3% y no hay ningún asomo del compromiso de reforma tributaria progresiva, donde los que tengan más paguen más, para aliviar la carga de los más vulnerables.
En ese Plan Cuscatlán Bukele ofertó: “Conducir al Estado hacia la fiscalización social y auditoría permanente por medio de la apertura y disposición de datos en formato de datos abiertos, teniendo como referente los estándares internacionales y compromisos establecidos ante la Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership)”. “Se uniformarán los criterios de la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) basados en los principios de transparencia, competencia y la integridad”, dijo.
El postulado de transparencia se convirtió en sal, para asombro de todos después de la aprobación de la LAIP, este es el mayor periodo de oscuridad sobre la información gubernamental, tanto por la cooptación y desmantelamiento de las competencias del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como por la reiterada política de ocultamiento de datos que deberían ser de acceso oficioso. Un gran porcentaje de contratos, obras y proyectos multimillonarios son ejecutados de manera discrecional por medio de contrataciones directas y sin la aplicación de La LACAP, bajo el más absoluto misterio debido a la extendida y arbitraria práctica gubernamental de reservar la información; para colmo desmantelaron la CICIES (Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador), creada y cerrada por Bukele.
Al final, quedaron solo en cuentos el FODES (Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios), las 20 mil becas, el Hospital Rosales, la modernización de la agricultura en la “Franja Norte” donde existe el 75% de pobreza; los pomposos proyectos de la “Franja Pacífico” que implicaba cuadruplicar las capacidades del Puerto de Acajutla, el Tren del Pacífico, la construcción del Aeropuerto en La Unión; sin mencionar el Satélite Cuscatlán, el Bitcoin y Ciudad Bitcoin, el puerto salvadoreño en el Atlántico de Guatemala, y las famosas veinte obras por día.