En cuanto a las muertes por armas de fuego, la situación es aún más preocupante. Según el mismo informe, en algunos países de América Latina, el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego supera el 80 %. Por ejemplo, en El Salvador, Honduras y Venezuela, el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego es del 87 %, 86 % y 83 % respectivamente.
En nuestro Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) las cifras de muertes por armas de fuego han experimentado un aumento significativo en las últimas décadas.
La tendencia histórica de la violencia armada en el Triángulo Norte comenzó en la década de 1980, cuando los tres países estaban inmersos en conflictos armados internos. En El Salvador, por ejemplo, la Guerra Civil (1980-1992) dejó un legado de violencia y conflicto que ha persistido hasta la actualidad. En Guatemala, el conflicto armado (1960-1996) también dejó un alto costo humano y ha contribuido a la cultura de la violencia que persiste en la región. A pesar de la firma de los Acuerdos de Paz en la década de 1990, la violencia armada no disminuyó en la región del Triángulo Norte. En cambio, el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico, la pandillerización y la falta de oportunidades económicas han exacerbado el problema. Según el Informe Global de Homicidios de la ONU, la tasa de homicidios en El Salvador, Guatemala y Honduras es tres veces mayor que el promedio mundial.
En El Salvador, la violencia armada ha sido un problema grave y persistente desde la Guerra Civil en la década de 1980. En los años 90, después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, la tasa de homicidios en el país comenzó a disminuir gradualmente. Sin embargo, en la década de 2000, la violencia armada comenzó a aumentar nuevamente y se ha mantenido en niveles alarmantes desde entonces. Según datos del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, en 1990 la tasa de homicidios en el país era de 31.7 por cada 100,000 habitantes. En los años siguientes, esta tasa disminuyó a un mínimo de 22.2 en 1997. Sin embargo, a partir de 2000, la tasa comenzó a aumentar nuevamente y en 2011 alcanzó un pico de 69 homicidios por cada 100,000 habitantes, la tasa más alta registrada en la historia del país.
Desde hace más de 10 años se vienen implementando políticas contra la violencia armada sin lograr disminuirla.
Durante el mandato de Mauricio Funes (2009-2014) se implementaron varias políticas para disminuir la violencia armada, las más importantes fueron: Plan El Salvador Seguro, programas de prevención de la violencia juvenil, desarme voluntario y el fortalecimiento del sistema de justicia penal. Sánchez Cerén (2014-2019) se apoyó en cuatro componentes principales: Plan El Salvador Seguro, Ley de Control de Armas, Política de acercamiento a las pandillas, y reformas institucionales. Todas y cada una de estas políticas fracasaron.
En el año 2019, el nuevo gobierno liderado por Nayib Bukele, comienza a implementar el Plan de Control Territorial, complementado en el 2022 por un régimen de excepción. Después de un año, El Salvador experimenta una disminución profunda en el número de homicidios por arma de fuego. Un programa fuertemente criticado por organismos de derechos humanos individuales tanto nacionales como internacionales, pero con una aceptación superior al 90% de la ciudadanía salvadoreña. Algunos disque expertos de la oposición, anuncian que no es sostenible, que no modifica las causas estructurales, que afecta predominantemente al sector sin poder económico. Gritos de angustia, de aquellos que se nutren del caos.