La DIGESTYC aportó un legado histórico de seis censos de población (1930, 1950, 1961, 1971, 1992, 2007), cinco Censos Nacionales de Vivienda (1950, 1961, 1971, 1992, 2007); agregando diversos Censos Nacionales Agropecuarios y Económicos, así como investigaciones permanentes sobre el Índice de Precios al Consumidor para llevar el pulso a la inflación, Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) que contribuyeron a medir la expansión de la pobreza; además de aportar el volátil e incontrolable Índice Mensual de Precios de la Canasta Básica y múltiples estadísticas sobre género y los efectos de la violencia.
El cierre de la DIGESTYC es un golpe más del vasto y oscuro programa de cancelación de instituciones estatales que con propósitos insospechados impulsa el Bukelato; en esta misma dirección fue cerrado el FISDL, y aunque declarativamente sus funciones y programas pasaron al Ministerio de Desarrollo Local, este nuevo miniministerio es desconocido en los municipios y comunidades. Desde el mismo cadalso fue eliminado el ISDEM (Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal) y el FODES (Fondo para el Desarrollo Económico y Social), bajo el supuesto de trasladar sus competencias a la DOM (Dirección de Obras Municipales) sin capacidad de cumplir las demandas del desarrollo local.
El patíbulo para descabezar el Estado se llevó de encuentro al CONNA (Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia), y al ISNA (Instituto Salvadoreño para la Niñez y Adolescencia), eliminados tras la derogatoria de la Ley LEPINA, bajo el pretexto de que sus funciones serian asumidas por una nueva institucionalidad (CONAPINA), cuando en realidad lo que está ocurriendo es el desmantelamiento de programas sociales. Las únicas instituciones fortalecidas con millones de dólares de presupuesto y recursos humanos son las Fuerzas Armadas y las áreas de prensa, propaganda y comunicaciones de la presidencia y sus ministerios para justificar la guerra contra los pobres en las zonas más vulnerables del país.
Son desconocidos los fundamentos de esta improvisada “reforma del Estado”. No existen documentos de políticas, estrategias o planes que amparen y expliquen los atropellos que en otros casos está llevando a la inanición presupuestaria de instituciones como “Ciudad Mujer”, en detrimento de la atención social de la población más necesitada. En otros casos, como el IAIP (Instituto de Acceso a la Información Pública) la medida es cooptarlo y amordazarlo para impedir el libre acceso a la información. Mientras, con el RNPN (Registro Nacional de Personas Naturales) han cercenado su vínculo natural con el Tribunal Supremo Electoral, trasladando este Registro al Ministerio de Seguridad, con muy probables fines partidarios.
Es evidente la incapacidad para conducir el Estado y la ausencia de un diseño conceptual de modernización, más claro es el capricho de cerrar, torcer y amordazar las instituciones, así como disminuirlas y reducirla, sin confesar que en la mayoría de los casos es por el profundo deterioro de las finanzas públicas y la falta de voluntad para implementar la prometida reforma fiscal progresiva, en la que paguen más los que tienen más. Con esta “reforma” pretenden ocultar la crisis del desplome de la actividad económica del país, la descomunal y vertiginosa deuda pública y el cierre de las fuentes de financiamiento por desastrosas decisiones económicas y de política exterior. Ante el evidente fracaso de los Bonos Volcán (Bitcoin), el último recurso del régimen es cerrar programas sociales, echar mano de los fondos de pensión y de las reservas de liquidez.
Cercenar las funciones del Estado profundiza la crisis social, no resuelven la urgente falta de maestros y de infraestructura educativa, no cubren la ausencia de médicos especialistas y medicamentos en salud pública y dejan sin empleo a 14 000 trabajadores del Estado, mientras son contratados decenas para tuitear como parte del aparato de propaganda del gobierno y soldados las Fuerzas Armadas, cuya principal misión no es la seguridad pública.