El escarnio mediático del que fue víctima un destacado galeno del ISSS, quien fuera apresado, esposado y exhibido como un peligrosísimo criminal por “la maquinaria” oficial, bajo una soberbia y descomunal cobertura de recursos mediáticos por el supuesto “jurídico” de una tentativa de “gaticidio”, es a todas luces exagerado, desproporcionado e injusto; todo por el incidente fortuito en que el médico accidentalmente atropelló a un desgraciado gato, quien fuera diligentemente atendido, en mejores condiciones sanitarias de las que recibe cualquier otro mortal. Esta comedia, como ya es tradición, es otra cortina de humo mientras ven la luz las revelaciones de Guacamaya -que al parecer ya les costaron el puesto a las autoridades de la Secretaría de Innovación Tecnológica- y el país se conduele por la tragedia que dejó a su paso Julia, que aun degradada a tormenta tropical, terminó cegando diez vidas humanas, cinco de efectivos militares fallecidos en Comasagua por estar resguardados en un lugar sin condiciones y el resto de civiles, incluyendo menores. Esta pérdida es las más numerosa de las sufridas por el resto de países afectados de la región.

Según datos oficiales, las torrenciales lluvias dañaron severamente 450 viviendas, 678 familias evacuaron ante la inminente amenaza, en centenares de casos sin asistencia de salida ni de retorno. Las lluvias y deslaves arrasaron a su paso con enceres domésticos, cultivos de subsistencia y animales de crianza. Las pérdidas del agro, de acuerdo a la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, se estiman en 575,114 quintales de maíz, 11,502 manzanas de cultivos afectadas, lo que representa el 18.60% de la producción nacional. En el frijol las pérdidas las calculan en 20,881 quintales y 1392 manzanas afectadas, que representan el 18% de la producción de leguminosas.

La red vial padeció 314 obstrucciones de carreteras y caminos, 43 puentes dañados por 134 desbordes de ríos, 528 árboles caídos, 242 deslizamientos y derrumbes, esto sin sumar las nuevas cárcavas y socavones que carcomen zonas de viviendas y dejan en lamentables condiciones las precarias vías de comunicación. Estos deslaves revelan, otra vez, las graves condiciones de vulnerabilidad que afectan principalmente a los 52 municipios considerados de alto riesgo y evidencian las condiciones de pobreza que sufre un alto porcentaje de la población por la crisis socio económica que abate al país. Es ampliamente conocido que el 87% del territorio nacional, en el que habita el 95.4% de la población, es considerado de alto riesgo, ya sea por la vulnerabilidad ambiental o por las condiciones sísmicas; por lo tanto, es imperativo contar desde el gobierno central con políticas, estrategias y planes ambientales que respondan a la vulnerabilidad nacional. Sin embargo, a tres años de este gobierno Julia puso al descubierto el desmontaje del sistema comunitario, municipal y departamental de protección civil. La desarticulación y falta de comunicación entre la acción local con las instituciones centrales y la falta de organización, formación y equipamiento de las comisiones de prevención, no solo fue evidente, sino que fue mortal.

Son muy graves los recortes de diferentes instituciones públicas para atender la vulnerabilidad y prevenir el riesgo. Al MARN le recortaron $8,9 millones en programas y proyectos de prevención de riesgos y rehabilitación de infraestructura, al Observatorio de Amenazas Ambientales solo le dejaron $2,1 millones; de $27 millones que tenían de presupuesto las redes de monitoreo han ejecutado en 2022 nada más el 29,6%; el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres del Ministerio de Gobernación de $10,6 millones únicamente ha ejecutado el 35,6%; en tanto, el MOP de 90 millones para mitigación de riesgo lleva en ejecución el 4%; y el colmo ha sido la DOM, que de un presupuesto de $31,6 millones para mitigación de riesgo no ha ejecutado NADA.

La frustración y desconsuelo que enfrentan miles de familias debido al abandono, a las precarias condiciones, a la inclemencia de la vulnerabilidad, se convierte en ira ante la desfachatez de funcionarios de gobierno que llegan a las zonas de desastre a modelar, solo para que un aparataje de comunicaciones capture las fotos para justificar acciones de asistencia, incluyendo a algunos diputados -de los que solo aprietan el botón- que, sin un ápice de vergüenza, estamparon su nombre y fotografía en los paquetes de “ayuda humanitaria”. Al parecer, obedecer no es suficiente para figurar en la papeleta de 2024 y necesitan de las desgracias para posicionarse.