Según datos oficiales, las torrenciales lluvias dañaron severamente 450 viviendas, 678 familias evacuaron ante la inminente amenaza, en centenares de casos sin asistencia de salida ni de retorno. Las lluvias y deslaves arrasaron a su paso con enceres domésticos, cultivos de subsistencia y animales de crianza. Las pérdidas del agro, de acuerdo a la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, se estiman en 575,114 quintales de maíz, 11,502 manzanas de cultivos afectadas, lo que representa el 18.60% de la producción nacional. En el frijol las pérdidas las calculan en 20,881 quintales y 1392 manzanas afectadas, que representan el 18% de la producción de leguminosas.
La red vial padeció 314 obstrucciones de carreteras y caminos, 43 puentes dañados por 134 desbordes de ríos, 528 árboles caídos, 242 deslizamientos y derrumbes, esto sin sumar las nuevas cárcavas y socavones que carcomen zonas de viviendas y dejan en lamentables condiciones las precarias vías de comunicación. Estos deslaves revelan, otra vez, las graves condiciones de vulnerabilidad que afectan principalmente a los 52 municipios considerados de alto riesgo y evidencian las condiciones de pobreza que sufre un alto porcentaje de la población por la crisis socio económica que abate al país. Es ampliamente conocido que el 87% del territorio nacional, en el que habita el 95.4% de la población, es considerado de alto riesgo, ya sea por la vulnerabilidad ambiental o por las condiciones sísmicas; por lo tanto, es imperativo contar desde el gobierno central con políticas, estrategias y planes ambientales que respondan a la vulnerabilidad nacional. Sin embargo, a tres años de este gobierno Julia puso al descubierto el desmontaje del sistema comunitario, municipal y departamental de protección civil. La desarticulación y falta de comunicación entre la acción local con las instituciones centrales y la falta de organización, formación y equipamiento de las comisiones de prevención, no solo fue evidente, sino que fue mortal.
Son muy graves los recortes de diferentes instituciones públicas para atender la vulnerabilidad y prevenir el riesgo. Al MARN le recortaron $8,9 millones en programas y proyectos de prevención de riesgos y rehabilitación de infraestructura, al Observatorio de Amenazas Ambientales solo le dejaron $2,1 millones; de $27 millones que tenían de presupuesto las redes de monitoreo han ejecutado en 2022 nada más el 29,6%; el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres del Ministerio de Gobernación de $10,6 millones únicamente ha ejecutado el 35,6%; en tanto, el MOP de 90 millones para mitigación de riesgo lleva en ejecución el 4%; y el colmo ha sido la DOM, que de un presupuesto de $31,6 millones para mitigación de riesgo no ha ejecutado NADA.
La frustración y desconsuelo que enfrentan miles de familias debido al abandono, a las precarias condiciones, a la inclemencia de la vulnerabilidad, se convierte en ira ante la desfachatez de funcionarios de gobierno que llegan a las zonas de desastre a modelar, solo para que un aparataje de comunicaciones capture las fotos para justificar acciones de asistencia, incluyendo a algunos diputados -de los que solo aprietan el botón- que, sin un ápice de vergüenza, estamparon su nombre y fotografía en los paquetes de “ayuda humanitaria”. Al parecer, obedecer no es suficiente para figurar en la papeleta de 2024 y necesitan de las desgracias para posicionarse.