El régimen de Bukele ha devorado la vida y sueños de miles de salvadoreños, cuyos cuerpos terminaron ocultos por la obsesión de mostrar falsos resultados de fallidas estrategias gubernamentales. Una reciente investigación del periódico LPG puso en evidencia la grotesca manipulación y el maquillaje mediático con que el Gobierno ocultó los datos de fallecidos durante la pandemia de Covid19. Bukele solo reconoció 4,299 fallecidos, cuando en realidad, de acuerdo a esa investigación, fueron 15,956 muertes ocurridas entre marzo de 2020 y enero de 2023. La OMS (Organización Mundial de la Salud) estableció oportunamente los criterios para la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), para registrar en debida forma los decesos causados por la pandemia.
El gobierno de Bukele, en su afán por mostrar ser “cool”, dijo haber construido el mejor hospital de América Latina (Hospital El Salvador), ocultó 10,203 fallecidos para convencer con que su estrategia de manejo era la más efectiva. Sin embargo, la investigación periodística descubrió los datos ocultos del registro interno de las autoridades de salud pública, que en realidad totalizan 15,956 decesos, entre ellos: 7,525 fallecidos por Covid19; 6,976 fallecidos por sospecha de Covid19; y 1,455 fallecidos con antecedentes de Covid19. Además de ocultar registros, el Gobierno declaró la reserva de información para tapar el desastre sanitario, aparentar eficiencia, justificar un multimillonario gasto, del que todavía se desconoce una rendición de cuentas, y montó su campaña publicitaria con datos dolosamente incompletos.
Este ocultamiento deliberado de cuerpos e información también se profundiza en el drama humano de miles de familias que buscan desesperadamente a personas desaparecidas. De acuerdo a INFOBAE, hasta 2022, en el Gobierno de Bukele hay denuncias sobre más de 4,000 personas desaparecidas, de los que el 79% serían hombres y 21% mujeres; con edades de 18 a 30 años 41.67%; entre 12 y 17 años 15%. El país está cubierto de fosas y cementerios clandestinos como el caso descubierto en mayo de 2021, del expolicía de Chalchuapa, en cuya vivienda fueron encontradas once fosas, y solo de una de ellas fueron extraídos doce cuerpos de víctimas asesinadas que han sido identificadas y entregadas a sus familias.
Mientras en febrero de 2022 se confirmó el hallazgo de otra fosa clandestina en la Finca Suiza de Nuevo Cuscatlán, donde fueron encontrados veintiséis cuerpos, entre ellos el emblemático caso de los hermanos Toledo, y el de la futbolista Jimena Ramírez. Solo durante este periodo de Gobierno las instituciones humanitarias estiman el hallazgo de treinta cementerios clandestinos; mientras la decisión del gobierno ha sido evadir e ignorar este drama, y declarar bajo reserva toda información sobre el hallazgo de cadáveres en cementerios clandestinos, porque estos hallazgos ponen en tela de juicio el supuesto Plan de Control Territorial. De acuerdo a investigaciones del periódico digital El Faro, el número de desaparecidos se disparó precisamente en los periodos en que ocurrieron negociaciones entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, que si bien disminuyeron homicidios, pero dispararon las cifras de desaparecidos.
A esta política gubernamental de ocultar cadáveres se suma el drama penitenciario del Régimen de Excepción, en el que diferentes organizaciones humanitarias, entre ellas CRISTOSAL, reportan al menos 153 muertes documentadas de privados de libertad bajo custodia del Estado, identificando patrones de tortura ejecutados por custodios de los centros penales, tratos crueles, degradantes y sistemáticos, negligencia deliberada, carencia de atención médica y de medicamentos, hambre y desnutrición severas.
Desde el 3 de julio de 2016, El Salvador es el Estado 124º suscriptor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.