A pesar de que la ley ya cumplió los 8 meses de vigencia, el bitcóin no se ha convertido en una moneda de uso diario; su uso masificado duró mientras los usuarios de la billetera gubernamental consumieron el bono de $30 en la compra de bienes y servicios. Pero a pesar de que su utilización no se ha generalizado, lo que sí se ha socializado es su costo: las “inversiones” del gobierno salvadoreño en ese activo tan volátil, que en los últimos 6 meses ha perdido el 51.3% de su valor, se han financiado con recursos provenientes de los impuestos que toda la ciudadanía paga.
A la fecha persiste la pregunta ¿de cuántos recursos estamos hablando exactamente? No tenemos certeza. Una de las constantes en torno a la implementación del bitcóin ha sido la falta de transparencia. Las instituciones públicas directamente responsables de la implementación de la ley han declarado bajo reserva información al respecto. Ni siquiera se conoce qué entidad es la responsable de realizar las compras y ventas de bitcoines en representación del Estado salvadoreño o cuál es el rol estatal en la sociedad anónima responsable de la billetera Chivo.
Lo que se conoce permite afirmar que implementar la Ley ha costado por lo menos $200 millones, supuestamente utilizados para el financiamiento del Fideicomiso Bitcoin y el proyecto Cryptofriendly, sobre los cuales, dicho sea de paso, tampoco se tiene claridad de en qué consisten y cómo se han ejecutado. En torno al bitcóin pareciera que una interrogante conduce a varias preguntas más, sin que se logre obtener una respuesta certera para ninguna de ellas.
Si bien no se tiene certeza de los costos de la ley, tampoco se tiene certidumbre sobre los beneficios, de acuerdo a la propaganda gubernamental, las ganancias han sido de tal magnitud que nuestro país hasta cuenta con un hospital para mascotas; mientras que las ganancias futuras y los recursos que se movilicen con la emisión de un bono soberano en bitcoines permitirán construir una Ciudad Bitcoin en el oriente del país, que tendrá un aeropuerto cerca, funcionará con energía geotérmica y otorgará beneficios fiscales a los inversionistas que decidan asentarse ahí.
Pero más allá de la publicidad, y las supuestas ganancias, el bitcóin no se ha convertido en fuente de financiamiento para el Estado salvadoreño, incluso la decisión de adoptarlo le ha costado las posibilidades de acceder a otras fuentes de recursos, incrementando el perfil de riesgo del país y enviando al congelador negociaciones como la del acuerdo de servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), misma que las autoridades de Hacienda llevaban meses anunciando y que hubiera significado un respiro para los serios problemas de liquidez financiera del gobierno.
Y como si todos los elementos anteriormente mencionados no fueran suficientes argumentos para que el Gobierno, de manera sensata y con base en argumentos técnicos, reevaluara su decisión de política pública de adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, lo que se hace para “aprovechar” que su valor está a la baja es comprar más bitcoines. Quizás la pregunta más importante hasta la fecha es ¿por qué la insistencia y necedad de defender un experimento fallido? Mientras conocemos la respuesta, parece que nuestro país está condenado a pagar la factura por las apuestas presidenciales en el casino virtual y a seguir esperando que los centros de salud tengan medicina suficiente, que los niños y niñas reciban educación de calidad o que las calles no se llenen de baches durante la temporada de lluvias.