Esto no ha sido un hecho fortuito. Durante muchísimos años desde el poder económico y político se ha construido una narrativa muy fuerte: en el país solo pagan impuestos unos pocos. Y tampoco fue casualidad que mientras se imponía el IVA, se eliminaba el impuesto al patrimonio. La idea era que quien financiara al Estado fueran todas las personas al momento que consumían, aunque no estuvieran conscientes de ello, pues al Ministerio de Hacienda quienes trasladarían el dinero y “pagarían” los impuestos serían las empresas.
En su momento, la instauración del IVA se vendió como “un aumento de precios”, pero de manera deliberada se omitió informarle y explicarle a la población que, por ejemplo, cada vez que va la tienda o al supermercado y compra azúcar, leche, huevos, café y un gran etcétera, está dando una parte de su dinero como impuestos que luego le serán trasladados al gobierno para utilizarlos como la principal fuente de financiamiento de todas sus actividades: pago de salarios, compra de medicinas, viajes, entre otros.
De hecho, en la mayoría de ocasiones cuando se entrega factura (en el caso que se haga) no se le indica cuánto de ese monto es en concepto de impuestos, como sucede en países más desarrollados. Esto implica que, en términos prácticos, la ciudadanía piense que si no tiene un trabajo formal en el que le descuenten el impuesto sobre la renta, pues simplemente no paga impuestos.
Por ello, cuando las personas reciben un bono de $300, una caja de alimentos o una computadora perciben que los funcionarios de gobierno les están dando un regalo, casi que un acto de caridad hacia ellos, lejos de considerare personas sujetas de derecho. Y por ello no ven que en realidad el gobierno tiene la obligación de utilizar los impuestos que pagan de manera eficiente, efectiva y transparente en la provisión de bienes y servicios públicos (educación, salud, agua, etc.) que le permitan mejorar su bienestar.
Lo mismo sucede con los actos de corrupción. La mayoría no percibe que en realidad le están robando a ellos pues piensan que ese dinero era de los impuestos que pagaron otro o que incluso era donaciones. Por eso ya prácticamente no es novedoso cuando sale un acto de corrupción, pues se ha normalizado y se piensa que en nada le afecta. Y por eso no es motivo de preocupación cuando se esconde la información sobre el manejo de los recursos públicos, incluido el millonario despilfarro en el “juego” del bitcóin, pues incluso se piensa que ese dinero sale de los bolsillos de los funcionarios.
Finalmente, cuando sucede que todo el poder de la administración pública se concentra en pocas manos, pues para la gente eso le es indiferente, porque lo siente como algo distante, algo que nunca les ha pertenecido ni les pertenecerá.
En ese sentido, una forma de fortalecer la democracia y la institucionalidad pública es empezar por explicarle a quien no sepa que sí paga impuestos y que por lo tanto al hablar de recursos públicos se está hablando de SU dinero. Hay que hacerlo con la familia, los amigos, los vecinos. Pero también es importante que desde el sector privado se hagan todos los esfuerzos necesarios para hacerle notar a la población que con cada consumo que hacen sí pagan impuestos. Todo esto pudiera parecer un esfuerzo menor, pero en realidad para avanzar en una agenda democrática es fundamental que la ciudadanía se empodere y entienda que desde el gobierno no se hacen obras de caridad ni regalos ni favores: los gobiernos tienen la obligación de usar los impuestos de la ciudadanía de manera inteligente, dando resultados y también rindiendo cuentas.