Perpetuarse en el poder es la urgente necesidad para disponer del tiempo suficiente que les permita acumular más riqueza, desde el entramado de negocios artificiosamente montados por la argolla familiar para realizar la frenética ambición de vengarse y colarse a tubo entre el grupo oligárquico que antes los despreció. Una buena parte de este grupo de potentados, que por su naturaleza y voracidad cayeron en la red de Bukele, mordieron el anzuelo de jugosas ganancias de corto plazo montado sobre el río revuelto del quiebre institucional.
Mientras, desde abajo, crece la efervescencia social que incentiva la movilización, organización y el creciente debate en las redes y en los medios de comunicación independientes; en los que el principal combustible de la efervescencia es la profunda crisis estructural que hunde irremisiblemente a las familias en una mayor calamidad y pobreza. Nada detiene el creciente costo de la vida y los precios de la canasta básica; además, tras ocho meses de carencia de presupuesto de funcionamiento de las escuelas, las familias son obligadas a volver a pagar las extintas cuotas “voluntarias” en muchos centros escolares.
La imposición del “modo electoral” es descarado. Las huestes gubernamentales no esconden el febril despliegue de su campaña proselitista adelantada, en la que participan diputados oficialistas y funcionarios de gobierno haciendo uso y abuso de los recursos del Estado para imponer la reelección presidencial, aunque esta sea a todas luces inconstitucional y todo ante la inerte pasividad de la institucionalidad electoral.
Tras 150 días de imposición y prolongación inconstitucional del régimen de excepción, tras el evidente fracaso de los pactos secretos del gobierno con las pandillas, el resultado es que el país ha clasificado en los “Guinness Record” con más de 50 mil detenciones, un alto porcentaje de capturas arbitrarias, violaciones de Derechos Humanos y al debido proceso. Esta guerra contra pandillas es parte de una estrategia electoral y está siendo utilizada de manera inescrupulosa para manipular el miedo de la población, fundamentado en las horrendas acciones de los grupos criminales pandilleriles. Esta estratagema guerrerista es un parche más, no es la solución a un flagelo tan complejo de profundas raíces sociales que requiere la integridad de estrategias estructurales nacionales y regionales, construidas sobre un consenso nacional de prevención, reinserción y atención de víctimas para alcanzar la sostenibilidad en el tiempo.
La nación se precipita aceleradamente a una profunda crisis por el deterioro de las finanzas públicas, el aislamiento internacional, caída de inversión externa, pérdida de capacidades productivas, quiebra de las municipalidades, crisis que en conjunto conduce a un mayor desempleo por la incapacidad gubernamental. El país cae a un abismo sin fondo debido a la mayor deuda pública de la historia nacional, en razón del despilfarro y falta de voluntad para implementar una reforma tributaria progresiva en la que paguen más los que tienen más, tal como fue prometido.
El reto para las fuerzas populares, democráticas y progresistas con sentido de responsabilidad sobre el futuro de las nuevas generaciones y con los intereses de la patria, más allá de banderas, de simpatías ideológicas u orgánicas, es la capacidad de gestar la mayor unidad en un frente amplio capaz de impulsar un proyecto de salvación nacional que se exprese en una plataforma común, sencilla y clara que tenga a la base retomar el espíritu y camino abierto por los Acuerdos de Paz, recuperar la institucionalidad y la transparencia, con la valentía de sobreponerse a los sectarismos, discursos tradicionales y protagonismos.