Corresponde a la ciudadanía, academia, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil la responsabilidad de escrutar y ejercer control permanente sobre la función pública; una tarea difícil por la opacidad y manipulación de la información del gobierno de Bukele. Aun así, al cierre de 2023, es inocultable el descalabro económico y social que afecta directamente las condiciones de vida de la población. Este descalabro está relacionado con una limitada visión, prioridades, diseño y capacidad de ejecución de políticas públicas de este Gobierno; y en menor medida por los efectos de la pasada pandemia. Contrario a lo que se dice, no es atribuible a las adversidades del complejo entorno internacional puesto que, en todo caso, esas externalidades siempre representarán un reto para ajustar constantemente los planes, estrategias y el cumplimiento de metas; tarea que en cada paso pone a prueba la capacidad de gestión y eficiencia gubernamental.

El desempeño económico es medular por el impacto en todas las áreas del desarrollo. En tal sentido, es triste que el 24% de la población no pudo celebrar la navidad por la pobreza (27%). Esto es un reflejo de la precaria situación de la población, luego del alza del 25% del precio de la canasta básica, que en lo urbano llegó a $ 255.59; precedido por la caída de más de seis millones de quintales de granos básicos, debido a la sequía, y ausencia de una política agropecuaria. Las exportaciones están rezagadas, cayeron 588.2 millones de dólares respecto al año anterior; la inversión extranjera directa cayó a -101 millones de dólares, y el crecimiento del PIB no pasa del 2.2%, con tendencia a la baja, siendo el menor de la región. A esto se suma una deuda pública mayor de 24,000 millones de dólares, superando el 83% del PIB. Así, durante este Gobierno, la deuda se incrementó en nueve mil millones de dólares. A esto debe agregarse el descalabro del Bitcoin y el fracaso del Ferri.

El país padece una grave regresión en materia de respeto y protección a los derechos humanos, donde el problema medular de la población afectada es ser y parecer pobre. Si bien es cierto que en los territorios desapareció la violencia de las pandillas, pero simultáneamente fue sustituida por la violencia de las instituciones represivas del Estado (ejército y policía). Por otra parte, crece vertiginosamente la represión, se deteriora el estado de derecho, han desaparecido las normas del debido proceso, junto a la prolongada extensión del Régimen de Excepción que anula libertades constitucionales. A partir de su entrada en vigor, han ocurrido cerca de 75,000 detenciones arbitrarias, principalmente personas inocentes, cuyas familias desconocen de su situación legal y paradero. Crecen los casos de desapariciones forzadas; es alarmante el uso sistemático de maltratos vejaciones y torturas y han ocurrido 190 muertes de reclusos bajo custodia de agentes del Estado.

En el mismo año, la educación ha sufrido un severo retroceso debido a un bajo rendimiento académico que apenas llega al 62.8% de calidad, afectando principalmente áreas de matemáticas, ciencias y lectura, de acuerdo con el Programa de evaluación internacional de estudiantes de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) autorizado por el MINED. Dicha evaluación ha colocado al país en los últimos cuatro lugares al fondo de la escala internacional. A este descalabro se agrega el incumplimiento en la reparación de unas mil escuelas por año, algo prometido por Bukele; el estado de abandono sobre las reivindicaciones del magisterio; el incumplimiento al incremento del presupuesto y la deuda de 42 millones con la Universidad de El Salvador.

En materia de salud, el tema emblemático de mayor retraso sigue siendo la incapacidad de construir el Hospital Rosales, una emblemática obra de la que Bukele cuenta con el financiamiento desde hace más de cuatro años y que junto al fallido hospital de la región norte en Nejapa, son muestra de la mayor incompetencia gubernamental. Todo esto, sin eludir la crónica falta de medicamentos y el abandono a las legítimas prestaciones del gremio médico que han generado la perdida de mucho talento humano en los hospitales.

Es conocida la perdida de la institucionalidad democrática, la concentración de poder en el Ejecutivo; la ausencia de dialogo y consenso sobre los asuntos públicos; el descalabro del desarrollo local con el desmantelamiento de los municipios que rompe estratégicamente la relación de las comunidades con el gobierno central. Así que, incluso sin hablar de las violaciones y ruptura constitucional, el gobierno de Bukele aplaza en gobernabilidad.