Las causas de privación de libertad, en la mayoría de los países, no están relacionadas con crímenes violentos. A nivel global, solo un 6 % de las personas fueron condenadas por homicidio, el 90 % de los homicidios fueron perpetrados por hombres y en el 50 % de los casos utilizaron armas de fuego.
Al expandir nuestras observaciones sobre este tema, realizamos que, si bien es cierto, violencia existe en todo el mundo, América es la región más violenta del mundo. ¿Quién lo hubiese creído? Con una tasa de homicidio de 15.7 por 100 mil, es casi tres veces más alta que la tasa de homicidio mundial, y 3.6 puntos porcentuales más alta que la región de África, que se ubica en segundo lugar. ¿Por qué, si la mayoría de las guerras o conflictos armados, se ubican actualmente en el continente africano, nuestro continente es el más violento? Según los datos de las Naciones Unidas, los cinco países con las más altas tasas de homicidios en el 2020 (último año de reporte) fueron: Jamaica (44.7 por 100 mil habitantes), Trinidad y Tobago (38.6), El Salvador (37.2), Honduras (36.3) y Sudáfrica (33.5).
El triángulo norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador), hasta hace un año, era considerado el triángulo infernal del homicidio. Nuestra Centroamérica, junto con algunos países del Caribe, eran el cráter donde confluían las muertes por homicidio por arma de fuego. ¿Por qué? La delincuencia organizada y común, las pandillas y las respuestas institucionales (o la ausencia de ellas) han desempeñado un papel relevante en el incremento o permanencia de elevados niveles de homicidio.
El Gobierno de El Salvador, hace aproximadamente un año, decidió dar un cambio radical en su política de seguridad y confrontar en forma directa, mediante una nueva estrategia de seguridad, a esa violencia perversa y perenne en nuestro país. Esta nueva estrategia está basada, según mi observación, en tres pilares: identificación de miembros de pandillas, encarcelamiento masivo de sospechosos de pertenecer o estar asociados con pandillas, y utilización de mecanismos legales como el régimen de excepción para facilitar tanto la identificación como el encarcelamiento. El Salvador cerró el 2022 con la tasa de 7.8 asesinatos por cada 100,000 habitantes, la más baja de Centroamérica. Un vertiginoso descenso de 480% en la tasa de homicidios en menos de dos años, acreditado mayormente a la nueva estrategia de seguridad. Los niveles de seguridad percibidos por la población, y de acuerdo con recientes encuestas, probablemente nunca experimentados. Pero también, esta nueva estrategia trajo consigo el hacinamiento brutal del sistema carcelario del país, lo cual a su vez incrementó la violencia intracarcelaria, colapsó de los servicios de salud y de saneamiento de este.
En consecuencia, la tasa de mortalidad de personas privadas de libertad se ha visto afectada y con un aumento considerable. Asimismo, la tasa de “falsos positivos” o personas inocentes encarceladas aumenta con un rango entre el 1% al 10%, según estimaciones del gobierno o la oposición. La falta de transparencia y de acceso a la información en general, no permiten hacer análisis causales de ambos fenómenos, aunque basado en evidencia y análisis de otros sistemas penitenciarios como el de los Estados Unidos, el aumento de mortalidad intracarcelaria no es totalmente una sorpresa. Algunos esfuerzos de investigación para establecer relaciones causales, como el realizado por Cristosal, reportan evidencia anecdótica que sugiere violaciones a los derechos humanos. Aunque con una aprobación de la población superior al 90%, El Salvador parece aceptar la nueva estrategia con sus efectos colaterales.