Estos crímenes, así como el de Monseñor Romero, el de los Jesuitas en la UCA y los de muchos otros sacerdotes, monjas, catequistas, pastores evangélicos, liderazgos sindicales, comunales y estudiantiles y de pobladores en general; fueron parte de toda una política de la dictadura para amedrentar e intentar desmontar las organizaciones de base y la oposición al régimen, cerrando toda posibilidad de diálogo y entendimiento que propiciara por vías democráticas una solución política a graves problemas estructurales económicos y sociales acumulados por décadas. Al final, esta escalada de represión solo propició la profundización del conflicto armado que únicamente pudo desmontarse con la suscripción de los Acuerdos de Paz.
Durante casi todo el siglo anterior nuestra historia estuvo determinada por cruentas dictaduras, transitando a lo largo de sesenta años por la insurrección campesina en 1932, la huelga general que depuso al dictador Martínez en 1944, una decena de golpes de Estado, juntas cívico-militares, lucha clandestina urbana y once años de guerra popular. Este periodo concluyó con los Acuerdos en Chapultepec en 1992, bajo el auspicio de Naciones Unidas y el generoso apoyo del grupo de Países Amigos (México, Venezuela, Colombia y España) más EEUU y la solidaridad internacional en la reinserción y reconstrucción del país. A 30 años de la gesta político militar y social que desencadenó la voluntad para la firma de la paz como máxima expresión del interés y aspiraciones del pueblo, y de todos los sectores sociales involucrados y afectados, más el sólido y comprometido acompañamiento de decenas de países en el proceso de cumplimiento y reconstrucción; es absurda y enloquecida la pretensión de Bukele de borrar con un tuit cien años de historia nacional, al calificar la guerra y los Acuerdos como una farsa, mancillando así la memoria de las víctimas y de su propio padre, don Armando Bukele Kattán, quien fue un firme promotor y defensor de estos. También es asquerosa la pusilánime actitud de quienes, desde el gobierno, conociendo la historia, se agachan y guardan silencio.
Con la firma de la paz entre el Gobierno y el FMLN se alcanzó el cese del enfrentamiento armado, desmontándose aquel largo periodo de 60 años de dictaduras. Los viejos cuerpos represivos que cometieron horrendos crímenes como el de los sacerdotes y laicos, el de El Mozote y tantas masacres más, fueron disueltos. Los mandos de las Fuerzas Armadas fueron depurados y causaron baja y sus filas fueron reducidas, se creó el marco de una nueva doctrina de la defensa nacional con un Consejo Académico plural y se separó la función policial en una nueva Policía Nacional Civil. Estas medidas permitieron desmilitarizar la sociedad e iniciar un largo y complejo proceso de empoderamiento de la sociedad civil, también se crea la institucionalidad de los Derechos Humanos y se inició la reforma del sistema judicial.
Con los Acuerdos de Paz se reforma el sistema político y electoral, trascendiendo del viejo Consejo Central de Elecciones a un Tribunal Supremo Electoral de composición plural. La Comisión para la Paz (COPAZ) sentó las bases para la creación de un sistema confiable de identificación ciudadana y todo un complejo proceso mediante el cual se abrieron los espacios políticos, habilitándose y desarrollándose la más irrestricta libertad de organización y expresión, surgiendo medios independientes de comunicación. Este proceso es el que hoy permite celebrar elecciones en las que se respeta la voluntad de los electores y que el mismo Bukele, más allá de sus incumplimientos a la ley electoral, pueda haber sido electo presidente. Falta mucho por lograr, pero el contenido programático de los Acuerdos de Paz sigue siendo el mayor acuerdo nacional después del Acta de Independencia y del proceso de Unidad Centroamericana, su defensa es un compromiso, por eso #El16Marchamos.